Redacción La Nueva Mañana
La funcación La Alameda denunció un retroceso en las políticas que combaten la trata de personas, el trabajo esclavo y la explotación infantil. El organismo manifestó que el concenso sostenido desde la sanción de la ley 26.364 en 2008, se quebró desde que asumió Javier Milei. En un informe sobre los casos y las modalidades de ese tipo de delitos, que analiza los dos dos últimos años, destaca la eliminación de programas de asistencia a las víctimas, la ausencia de campañas de concientización y el desmantelamiento de la estructura institucional, que antes articulaba con múltiples minsterios y actualmente se encuentra bajo la cartera de Seguridad, con una visión meramente policial.
La fundación relató que el desfinanciamiento comenzó en febrero de 2024, con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 195/2024) que reorganizó la estructura institucional anti-trata, trasladando el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata -órganos creados por ley, antes coordinados por la Jefatura de Gabinete- a la órbita del ministerio de Patricia Bullrich. Esta decisión acotó las posibilidades de acción, ya que antes coordinaba con diferentes áreas como Trabajo, Justicia, Mujeres y Diversidad, Desarrollo Social, con una visión amplia.
Además, denunció que el funcionamiento "se volvió irregular y esporádico, con largos períodos sin reuniones formales ni toma de decisiones operativas". La Alameda también señaló que la web oficial no se actualiza desde diciembre de
2024, lo que refleja "otro síntoma del abandono estatal".
El informe indicó que los programas de asistencia "Reparar", "Acompañar" y el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas fueron eliminados, dejando a miles de personas desprotegidas. Otro retroceso notable es la ausencia de campañas de difusión y sensibilización. Alertan que la fragmentación institucional y los recortes presupuestarios dificultaron la culminación exitosa de muchos operativos: "En numerosas ocasiones, las víctimas se niegan a brindar testimonio o incluso a ser 'rescatadas', al comprobar que el Estado no tiene nada concreto que ofrecerles en términos de protección, alojamiento o sustento"
"Se advierte un virtual ocultamiento de la línea 145: la ciudadanía ya no recibe recordatorios ni información sobre cómo denunciar, lo que tiene un correlato directo en la caída de las denuncias recibidas", detalló.
En la misma línea, reclaman que no se impulsó ninguna nueva legislación local para obligar a difundir los canales de denuncia en espacios de alto tránsito, como terminales y fronteras.
En 2024-2025 emergieron casos que evidencian nuevas formas de esclavitud mediadas por la tecnología, así como vacíos legales en el abordaje de organizaciones coercitivas que explotan personas bajo fachadas lícitas.
Uno de los ejemplos más resonantes es la primera sentencia judicial en el país por trata sexual cometida íntegramente a través de medios virtuales, confirmando que las redes de explotación ya pueden operar sin contacto físico directo.
Otros fallos permitieron establecer que la modalidad de “trata digital” aumenta. Durante 2024, un tribunal penal condenó a un hombre a 14 años de prisión por grooming agravado, producción de pornografía infantil y abuso sexual: había captado a una menor mediante redes sociales, ganándose su confianza para luego someterla. En mayo de 2025, la Policía de Seguridad Aeroportuaria desarticuló una red que operaba desde el conurbano bonaerense captando mujeres jóvenes con falsas ofertas en plataformas.
En paralelo, salieron a la luz escalofriantes casos de explotación bajo cobijo institucional o sectario. En octubre de 2024, la justicia federal imputó a cuatro sacerdotes vinculados al Opus Dei por reducir a la servidumbre a 43 mujeres –captadas cuando eran adolescentes de 12 a 16 años–, obligándolas durante años a trabajar sin salario como empleadas domésticas en residencias de la prelatura, bajo un régimen estricto de control. En julio de 2025, la causa se amplió imputando incluso a un alto directivo global de la organización religiosa.
Asimismo, en abril de 2025 se logró una de las detenciones más resonantes del período: fue capturado en Bariloche Konstantin Rudnev, líder de la secta rusa Ashram Shambalá, junto a otros 13 miembros de esa organización. Las víctimas –mujeres en su mayoría, de nacionalidades rusa y mexicana– eran sometidas a control mental, consumo forzado de drogas y explotación sexual bajo la fachada de prácticas místico-espirituales.
En cuanto a la persecución penal clásica de la trata, las estadísticas recientes muestran una leve disminución, "probablemente influida por la menor cantidad de denuncias y rescates". Según el U.S. Trafficking in Persons Report 2024, el gobierno argentino procesó a 48 presuntos tratantes en 29 casos ese año (32 causas de trata sexual y 16 de trata laboral).
