Redacción La NUEVA Mañana
Tras el voraz incendio que afectó el edificio de la obra social Apross en medio de una causa judicial por estafas, este jueves el gobierno de Córdoba decretó "la emergencia por causa de fuerza mayor en todo el ámbito del organismo por el término provisorio de treinta días corridos".
El objeto de las autoridades es “la salvaguarda de la salud y calidad asistencial” y el afán de “no interrumpir y/o afectar de modo alguno los servicios que presta” la Administración Provincial del Seguro de la Salud.
En una Resolución del organismo, publicada en el Boletín Oficial, se dio a conocer que el siniestro “impacta de manera directa la regularidad y continuidad de la actividad administrativa y operativa, lo que genera la imposibilidad física y material del normal desenvolvimiento de la institución”.
De allí la determinación de implementar “todas las acciones y tareas necesarias a efectos de desarrollar los protocolos y procedimientos de carácter transitorio y excepcional que permitan dar cumplimiento a la prestación de servicios de salud” que tiene a cargo.
La normativa también suspende “de manera transitoria todos los plazos procesales administrativos que se encuentran en curso por un plazo de 10 días hábiles, pasibles de prórroga mientras persista la situación de emergencia, con la finalidad de garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y especialmente, los derechos de las personas afiliadas a la Apross”. La excepción, en este caso, son “los actos urgentes que se deban dictar en la emergencia” para los que está facultado el Directorio.
Tras el incendio que arrasó la sede central de la obra social provincial y las críticas de la oposición por la posible eliminación de pruebas en la causa por estafas, el vocal Sebastián García Petrini manifestó que la información está resguardada en la nube, pero la sede central quedó operativamente fuera de servicio.
El incendio ocurrió durante el fin de semana largo por Pascuas y se desató a 48 horas de que el fiscal José Bringas informara un gran avance en la causa que investiga un fraude en prejuicio de la prestadora de salud. Días previos, la Justicia había ordenado la detención de 13 acusados, entre ellos varios policías, un ex empleado y un médico, imputados por realizar consultas a personas no afiliadas.
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