Redacción La Nueva Mañana
La organización Archivistas en la Función Pública Argentina (AFPA) expresó su preocupación y "alarma" ante la orden de eliminar documentación de la Armada Argentina, parte de la cual podría tratarse de evidencia a utilizar en juicios por crímenes de lesa humanidad.
Expresa un comunicado vertido por AFPA que "a comienzos de este 2025, según la nota GDE NO-2025-02875814-APN-SGNA#ARA, las autoridades de la Armada Argentina dieron la orden de iniciar la depuración / selección para 'trituración' de documentos preservados en el Archivo General de la Armada", ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Según precisó la entidad, en ese lugar se almacenan "ocho kilómetros lineales de documentación, entre los cuales se encuentran miles de documentos de interés histórico y judicial".
Ante esta situación, plantean desde AFPA que "es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la Historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los Derechos Humanos".
En ese marco, instan a las autoridades de la Armada a "cumplir con los procedimientos archivísticos para la realización de esa tarea", los cuales se encuentran estandarizados internacionalmente, cuentan con normativa vigente y con organismos competentes para su aplicación.
Por su parte, el abogado de Derechos Humanos y periodista Pablo Llonto, entrevistado por Radio Provincia, contó que al tomar conocimiento de esta información que dieron a conocer los archivistas, hizo una presentación judicial para pedir una medida de no innovar, que impida la posible destrucción de documentación de la Armada, en particular por su posible valor para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.
Explicó Llonto que la resolución que habilitaría la destrucción de esta documentación es "muy genérica" y no especifica qué documentos serían plausibles de ser eliminados; pero advirtió que sin embargo, esa misma imprecisión "habilita a oficiales o suboficiales, con criterio personal, a triturar documentación".
"Esto evidencia un enorme riesgo para todos los documentos que pueden ser pedidos por los jueces en los procesos por crímenes de lesa humanidad en los que está implicada la Armada", indicó al respecto Llonto, alertando que en numerosas causas se requiere información vinculada al accionar de esta fuerza en el engranaje del terrorismo de Estado.
Junto a otros abogados, Llonto hizo una presentación para que la Justicia disponga que "la Armada momentáneamente no toque nada, que cite a los responsables de Defensa y la Armada, y que quede claro que toda la documental vinculada a la dictadura no se puede destruir; y que si se dispone un traslado de los documentos, sean preservados".
