Organizaciones, personas usuarias, familiares y trabajadores del sector se movilizaron exigiendo la implementación efectiva de la Ley de Salud Mental y denunciando el ajuste "sin precedentes". El Colectivo por el Derecho a la Salud Mental destacó la urgencia de "construir espacios de encuentro para tramitar los malestares colectivamente".
Córdoba29/11/2024
Redacción La Nueva Mañana
Personas usuarias, trabajadores, organizaciones, estudiantes y familias se movilizaron "contra la indiferencia, el abandono, y la vulneración de derechos" en la 11a. Marcha por la Salud Mental.
Rechazando el ajuste que recae sobre el sector, el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental expuso que los "padecimientos en salud mental se agravan por la situación económica" y que no se resuelven individualmente.
Bajo el lema "Cuidar lo público, fortalecer la comunidad y defender la dignidad" la movilización recorrió las calles de Córdoba, denunciando el ajuste del Gobierno de Javier Milei y de Martín Llaryora en el sector.
"El Gobierno generó un colapso en la vida de las poblaciones más vulnerables. La pobreza aumentó y las condiciones de vida para la mayoría de la población se han desmejorado brutalmente. Todo esto ha generado mucho sufrimiento psíquico producto de las medidas económicas", comienza el documento que se compartió al finalizar la marcha, y agrega que "el mensaje es que cada uno/a haga lo que pueda con su padecimiento.
Frente a este panorama, el Colectivo remarca: "Tejemos comunidad para proteger nuestra vida en común".
"No queremos que medicalicen nuestros sufrimiento ni que dopen nuestros sueños" dice sobre las respuestas de los servicios de salud ante problemas de ansiedad, depresión o consumos problemáticos.
El texto puntualiza que desde 2015 el presupuesto disminuyó en términos reales más del 50%. "Las leyes de salud mental no se pueden implementar sin recursos", destacan desde la organización.
Ante las constantes críticas por parte del Gobierno a las normativas de salud mental, se expresaron en defensa de los derechos conquistados y exigieron la plena implementación de la Ley Nacional y también Provincial de Salud Mental.
Refiriéndose al Gobierno de Córdoba, el documento resalta que las gestiones en el sistema de salud mental "no pueden pensarse como un proceso virtuoso porque se llevaron a cabo con un fuerte ajuste presupuestario.
En este sentido, la desactivación los manicomios que funcionaban el Hospital Emilio Vidal Abal de Oliva y el nosocomio de Santa María y la reducción de camas psiquiátricas contrajeron más 2 puntos del presupuesto provincial. Además, las medidas implementadas no se tradujeron en la apertura de nuevos dispositivos, y significaron la "pérdida de más de 250 trabajadoras y trabajadores desde el año 2015".
Además, el documento denuncia que el cierre de manicomios se lleva a cabo a través de la externación "compulsiva" de pacientes internados, "muchos de los cuales quedaron en situación de calle".
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