
Revés para el Gobierno: la Justicia dictaminó que "el Estado debe continuar con las políticas alimentarias"
Redacción La Nueva Mañana

La Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo condenó al Gobierno nacional a continuar con la entrega de alimentos en comedores y merenderos discontinuada desde el mes de febrero.
En un nueves revés para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la Justicia hizo lugar al amparo colectivo presentado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por la retención de alimentos en depósitos estatales.
El reciente fallo del juez Walter Lara Correa reconoce el derecho a la alimentación de las personas que asisten a comedores y merenderos y condena al gobierno a restablecer la entrega de alimentos para no "incurrir en responsabilidad internacional".

Además, la sentencia dispone el "mantenimiento en la ejecución de los planes y programas vigentes informados por el Ministerio de Capital Humano" y la "continuación de las políticas públicas" que benefician a los "grupos desventajados".
Dando cuenta que dichas políticas "no representan un privilegio" sino que son "una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación".
Respuesta oficial
Este viernes, el Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado donde detalló la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7. La cartera dirigida por Sandra Pettovello interpretó la sentencia como un aval de la Justicia sobre su gestión.
En este sentido, en el comunicado se destaca que la Justicia ''emitió una sentencia en el marco de la implementación de las políticas alimentarias a los comedores, ratificando la legalidad y el enfoque progresivo de las acciones desplegadas por el Ministerio de Capital Humano".
"La decisión judicial consolida la continuidad de los procedimientos de asistencia alimentaria que se venían realizando y refuerza el compromiso del Ministerio de gestionar recursos públicos de manera responsable y de garantizar que los programas de asistencia lleguen directamente a quienes más lo necesitan, sin intermediarios, consolidando así una política de equidad y transparencia'', dice el texto.


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