
El Consejo Superior de la UNC repudió el veto a la Ley de Financiamiento Universitario
Redacción La Nueva Mañana


Con la participación de representantes de la Asociación de Docentes e Investigadores (Adiuc), la Gremial San Martín y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, órgano de gobierno de la casa de altos estudios, exigió este martes a las legisladoras y legisladores nacionales la defensa de la Universidad pública.
Frente a la crítica situación que atraviesa el sistema universitario público en el país, el Consejo Superior de la UNC aprobó –por unanimidad y sobre tablas– una declaración en la que explicita su repudio al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y su posterior ratificación en el Congreso de la Nación.
En el mismo sentido, repudió el accionar de diputadas y diputados nacionales que colaboraron con su voto al desfinanciamiento de las casas de estudios superiores; especialmente a quienes se formaron en la universidad pública o enseñan en ella.
El pronunciamiento rechazó de plano los discursos y acciones "mentirosos, ultrajantes y amenazantes", así como el continuo hostigamiento que buscan desprestigiar la comunidad universitaria y el sistema de ciencia y tecnología.
"Es indispensable aunar esfuerzos en defensa de la Educación Pública, un derecho humano fundamental y un pilar central para el desarrollo social y económico de nuestra Nación", señala el texto, que reconoce a la educación universitaria como una "herramienta crucial para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y con igualdad de oportunidades".
Finalmente, la declaración exige a diputados y diputadas, y senadoras y senadores nacionales la defensa de la universidad pública, laica, gratuita y de calidad con un Presupuesto 2025 que respete la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Educación Superior y le permita cumplir sus objetivos de docencia, investigación y extensión.
"El presupuesto debe asegurar la continuidad de programas y becas que garanticen el ingreso y permanencia de estudiantes, así como también la vinculación de las universidades con la sociedad, y la inversión en ciencia y tecnología. No podemos pensar una Argentina mejor sin sus universidades públicas", cierra el documento.
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