Femicidio de Andrea Castana: la Fiscalía solicitó muestras de ADN a policías de Carlos Paz

En el marco de la investigación por el asesinato de Andrea Castana, que ocurrió en 2015, en Carlos Paz, la Justicia solicitó que se inicie el procedimiento para tomar muestras de ADN a efectivos policiales que trabajaban o tuvieran domicilio en la ciudad, el año en que se cometió el crimen. 

El pedido corresponda a la Fiscalía del Segundo Turno de Villa Carlos Paz y fue solicitado por los abogados querellantes, al constatar que el Registro Provincial de Perfiles está incompleto y desactualizado. El Registro fue reglamentado en la Ley provincial 9864 y es de carácter obligatorio para todos los agentes de las fuerzas de seguridad. 

Los abogados que representan a la familia de Castana, Daniela Pavón y Gerardo Batistón, en la presentación que realizaron a la Fiscalía destacaron las "graves deficiencias técnicas en las tareas de búsqueda de la víctima y de la preservación del lugar donde fue hallado su cuerpo" y apuntan a las fuerzas de seguridad que actuaron en ese momento. 

Además, denuncian el "extravío temporario del sumario de una causa que investiga un hecho en el que presumiblemente actuó el mismo agresor". 

Andrea Castana fue abusada y asesinada el 11 de marzo de 2015 en el Cerro de la Cruz, mientras realizaba una caminata. Cuando se denunció su desaparición, cientos de personas participaron de la búsqueda.

La investigación posterior, estableció que cuatro mujeres habían denunciado, robos, abusos sexuales e intentos de abusos ocurridos en esa zona del sendero. Las muestras de ADN del presunto atacante de una de las denunciantes coincide con los rastros de material genético encontrados en el cuerpo de Castana.

Todo apunta que podría tratarse del mismo agresor. 

La recolección de muestras de ADN incluyó a comerciantes y vecinos de la zona cercana al Cerro de la Cruz y del Complejo Aerosilla. Este jueves comenzaron a recolectarse las primeras muestras al personal policial, y abarcan tanto a hombres como mujeres que formaban parte de la fuerza en aquel entonces y prestaban servicio o tenían domicilio en Carlos Paz.

La querella sospecha que puede haber intervenido un agente de las fuerzas de seguridad, por eso solicitaron que se actualice el Registro Provincial de Perfiles.