Redacción La NUEVA Mañana
La Cámara Séptima del Crimen, que salió sorteada para llevar adelante el juicio por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, solicitó la habilitación de feria.
Esto significa que el juicio podría comenzar en enero ya que este pedido implica que se habiliten los recursos para que se trabaje con normalidad ese mes. En el primer mes del año hay feria judicial.
La causa del Neonatal tiene como fiscal designado a Sergio Ruiz Moreno. Hay 11 personas imputadas, entre ellas la enfermera Brenda Agüero, sindicada como la principal sospechosa de haber causado las muertes e imputada por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”.
Brenda Agüero está detenida en Bouwer desde el 19 de agosto de 2022, imputada por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso”, sospechada de haber inoculado intencionalmente sustancias tóxicas que le ocasionaron la muerte a cinco bebés; y por el mismo delito en grado de tentativa, en relación a ocho bebés (en principio) que también fueron inoculados pero sobrevivieron.
Entre los funcionarios del Hospital Materno Neonatal imputados, se encuentran Liliana Asís, ex directora, con prisión domiciliaria desde mayo de 2023; Claudia Ringelheim, ex vicedirectora del Neonatal; Alejandro Escudero Salama, quien había sido nombrado como vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal en noviembre de 2021; Marta Gómez, ex jefa de Neonatología del Neonatal; Blanca Alicia Ariza, ex jefa de Enfermería del Neonatal; Adriana Morales, médica del Neonatal; y María Alejandra Luján, quien habría firmado los certificados de defunción sin saber las causas.
Entre los ex funcionarios de la Provincia de Córdoba imputados se encuentran Diego Cardozo, quien se desempeñaba como ministro de Salud al momento de los hechos (renunció en agosto de 2022) y está imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
Y también Alejandro Gauto, abogado y ex secretario de Legales del Ministerio de Salud; y Pablo Carvajal, ex secretario de Salud, imputado por omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado calificado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
La investigación judicial se conoció el 11 de agosto de 2022 a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre marzo y junio pasados. De acuerdo a los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de ese año.
Los informes periciales preliminares determinaron que la muerte de dos bebés, nacidos el 6 de junio, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia” que fue causado por “por exceso de potasio inyectada de manera intencional”, ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis.
El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, debió renunciar el 25 de agosto tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado el hecho ante la Justicia porque, según la investigación, en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno.
