Redacción La NUEVA Mañana
En el marco de la Sesión Extraordinaria N° 5, el Concejo Deliberante de Córdoba, presidido por el viceintendente Javier Pretto, aprobó este miércoles por mayoría, en primera lectura, el proyecto de Ordenanza, que busca crear el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC). Tras este paso, se informó la convocatoria a audiencia pública para el 5 de febrero, a las 9, donde ciudadanos y ciudadanos podrán acercar propuestas para mejorar la iniciativa.
El concejal Nicolás Piloni actuó como miembro informante del bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba, a la hora de explicar los fundamentos para la creación del nuevo organismo o agencia con que contará la Municipalidad de Córdoba, el Ente Municipal de Fiscalización y Control (EMFyC), indicando en su exposición que "estará enfocado en el funcionamiento de establecimientos y módulos que desarrollan actividades económicas en la ciudad".
El oficialismo en el cuerpo sumó los votos de bloques opositores. La aprobación se dio por 27 votos afirmativos, que contempló, además de los concejales de Hacemos Unidos por Córdoba, a la Unión Cívica Radical, al PRO y Ciudadanos. Los ediles del Frente Cívico y la Izquierda, con cuatro votos en total, rechazaron el proyecto. Al juecismo se le endilgó en el recinto cierta connivencia con el sindicato de los municipales, como razón para su voto negativo.
El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) expresó en un comunicado con la firma de su secretario general Rubén Daniele, "el rechazo total al proyecto".
La declaración agrega que "el nuevo ente es un grave retroceso, que aumenta el gasto público y pone en riesgo a las y los trabajadores municipales".
Los municipales acusaron al gobierno municipal de Daniel Passerini de "desatinado y desubicado", por cuento "en el marco de una terrible crisis económica, parece perdido, creando sin explicaciones un ente costoso a modo de cueva de habilitaciones, que atenta contra las buenas prácticas administrativas, crea conflictos de interés y retrocede en el tiempo".
Finalmente, el Suoem sostiene que "no son necesarias nuevas capas burocráticas, sistemas de inspección y habilitación que funcionen a espaldas de la ciudadanía ni aumentar el gasto público, como tampoco es necesario atentar contra los derechos de las y los trabajadores municipales".
