Redacción La NUEVA Mañana
El titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Jorge Yabkowski, afirmó este martes que "no hay salud pública sin República", y consideró que el DNU y la ley ómnibus del Gobierno "serán sumamente lesivas para la población y el acceso de todos al derecho a la salud".
El sindicalista, quien expuso en la Comisión de Legislación General que analiza ambas iniciativas, se preguntó "si será necesario ponerle velas al dios mercado para que arregle este desastre", y sostuvo que las propuestas oficialistas son "una reforma constitucional de hecho e instalarían en la Argentina una verdadera autocracia policial con el único objeto de terminar la tarea de la dictadura genocida".
Yabkowski elogió "la titánica tarea" que realizan los trabajadores de la salud pública, quienes solo en 2019 produjeron 150 millones de consultas y, durante la pandemia, cumplieron "un rol ejemplar y sufrieron la muerte de 600 colegas y 100 mil contagios".
El dirigente reclamó "el rechazo pleno del DNU y la ley 'Bases', ya que el congelamiento del presupuesto condena al sistema público de salud al vaciamiento y a una eventual catástrofe sanitaria", y denunció a "las grandes empresas farmacéuticas y las obras sociales, principales beneficiarias de las desregulaciones de esas iniciativas".
También enfatizó la necesidad de rechazarlas "lisa, llana e indivisiblemente", y ratificó la adhesión de la Fesprosa al paro y marcha del 24 de enero hacia el Congreso, indicó en un comunicado.
Además, Yabkowski sostuvo que el aumento del valor de las cuotas de las prepagas provocó "un gran desbarajuste en el mercado por su impacto en los sectores medios", aunque dijo que solo 5 de los 46 millones de argentinos "están cubiertos por ese sistema, ya que el 90 por ciento de la población no tiene servicio de medicina prepaga".
"Veinte millones de argentinos tienen Cobertura Pública Exclusiva (CPE) y, de ellos, el 70 por ciento es pobre. Probablemente, con estas nuevas medidas económicas ese porcentaje haya aumentado. Esos compatriotas se atienden en 1.700 hospitales y 6.000 unidades sanitarias. Los proyectos del Gobierno nada dicen de cómo reforzar la red pública de contención ante el aumento de la miseria, desocupación y pobreza", dijo.
Explicó que el 80% de la financiación del sistema público de salud está a cargo de las provincias, el 65% de los Estados distritales y el 15% de los municipios; denunció "el congelamiento de los presupuestos" y expresó que "el medio millón de trabajadores del sistema está mal pago y totalmente precarizado".
