Tras la oficialización del DNU, el jefe de Gabinete debe presentarse ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, en un plazo máximo de 10 días. El Congreso, con rol clave de los legisladores, tiene la potestad de evaluarlo y determinar su vigencia. Mientras tanto, rige el DNU.
Política 21/12/2023
Redacción La Nueva Mañana
Con un "plan de estabilización de shock", el gobierno de Javier Milei decretó la "emergencia pública" en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Así lo establece el artículo 1 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que fue publicado pasada la medianoche tras el anuncio, en el Boletín Oficial y que fue adelantado a través de un mensaje de Milei transmitido en cadena nacional.
"Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025", dice el artículo 1 de la norma.
El DNU número 70/2023 fue publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y la totalidad de los ministros del gabinete nacional, bajo el título "Bases para la reconstrucción de la economía argentina" y contiene 366 artículos.
En el artículo 2, se establece que el Estado nacional "promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo".
"Para cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda", agrega.
El DNU implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.
Al brindar un mensaje por cadena nacional, Milei destacó que de esta forma se inicia el "camino de la reconstrucción" del país después de la "enorme crisis" heredada.
Un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es una forma de norma existente en la República Argentina que, a pesar de ser promulgada exclusivamente por el Poder Ejecutivo, tiene la validez de una ley. Una vez que el DNU fue emitido, el Congreso tiene la facultad de revisarlo y decidir si continúa en vigencia o no. Este tipo de legislación está contemplado en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.
El Congreso tiene la potestad de evaluar cualquier DNU y determinar su vigencia. Como su nombre indica, los DNU solo deben ser emitidos en circunstancias excepcionales, cuando resulta imposible seguir los procedimientos normales para aprobar leyes a través del Congreso. Además, no pueden abordar temas relacionados con la legislación penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos.
Al igual que los decretos comunes, los DNU son emitidos por el presidente de la Nación, pero en consulta con todos los ministros y el jefe de Gabinete de Ministros.
Después de la emisión del DNU, el jefe de Gabinete debe presentarse ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, compuesta por 8 diputados y 8 senadores, en un plazo máximo de 10 días. Esta comisión debe elaborar un dictamen y enviarlo a cada Cámara legislativa para su consideración, también en un plazo de 10 días. Es importante destacar que, durante este período, el DNU permanece plenamente vigente.
Cada cámara del Congreso debe emitir una resolución expresando su apoyo o rechazo al DNU. Si ambas cámaras rechazan el decreto, este pierde su validez de manera permanente.
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