Redacción La NUEVA Mañana
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este lunes que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces, por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero, y del Memorándum de Entendimiento con Irán, por presunto encubrimiento, en los que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández.
Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, de la Sala I, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos, según las resoluciones conocidas hoy en los tribunales locales. Sin embargo, esas medidas son apelables ante la Corte Suprema de Justicia.
En el caso Hotesur-Los Sauces, donde hay imputaciones por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia Kirchner, los jueces revocaron los sobreseimientos dispuestos por el Tribunal Oral Federal 5 a fines de 2021.
No obstante, ratificaron que queda fuera del proceso Florencia Kichner, hija de los ex presidentes Néstor y Cristina Fernández, porque tenía 12 años de edad en el momento en que se habrían producido los hechos.
Asimismo, fueron apartados los jueces del TOF 5 Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Esos jueces habían dicho que los fondos que se habían usado para pagar alquileres de habitaciones en el complejo hotelero -la base de la sospecha de supuesto lavado de dinero- eran de "origen lícito" pues estaban bancarizados y "estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades".
En cuanto al Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013, cuyo objetivo era destrabar la investigación del atentado a la mutual judía AMIA (de 1994, que provocó 85 muertes), Barroetaveña y Petrone también revocaron los sobreseimientos y ordenaron que se haga el juicio oral.
El Tribunal Oral Federal 8 había sobreseído, también en 2021, a la expresidenta y otros consortes de causa que estaban acusados de encubrimiento de aquel atentado.
Ahora la Casación resolvió revocar esa medida y ordenó el debate oral y público. También dispuso apartar a los jueces del TOF Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.
El Memorándum tenía como objetivo, según el Gobierno de entonces, acelerar el esclarecimiento del atentado con, entre otras acciones, interrogar en el exterior a los jerarcas iraníes acusados por la masacre.
Fuente: Télam
