Redacción La Nueva Mañana
La Legislatura de la Provincia aprobó la asignación de nuevos alcances, en materia de violencia familiar y de género, a los juzgados de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas de Carlos Paz, Alta Gracia, Río Segundo, Cosquín, Deán Funes y Jesús María.
Estos juzgados pasarán ahora a denominarse “de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar, de Género y Faltas”.
La legisladora radical Marisa Carrillo, coautora del proyecto junto a su par Julieta Rinaldi, detalló que la iniciativa busca “disminuir los tiempos de respuesta y darle mayor premura a situaciones que son de suma urgencia, equilibrando recursos y esfuerzos en la administración de justicia”.
Señaló Carrillo que el aumento de los delitos cometidos por violencia de género impone el fortalecimiento de las estructuras judiciales, particularmente en el Fuero Penal.
Para ilustrarlo, recurrió al Mapa de Violencia Familiar y de Género y Femicidios, elaborado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Poder Judicial de Córdoba, según el cual en 2020 ingresaron 56537 causas, de las cuales 54971 fueron de violencia familiar; 1437 denuncias por violencia de género y 129 encuadradas en la Ley 9283 de Violencia Familiar.
En la sesión de esta semana, el cuerpo legislativo provincial también aprobó la incorporación de la oralidad a los procesos del Fuero Civil, mediante la modificación de los artículos 1°, 3°, 4° y 8° de la Ley N° 10555, de “Procedimientos para los Juicios de Daños y Perjuicios que tramiten por el juicio abreviado”.
La modificación sancionada propicia la reducción de la duración del proceso judicial, garantizando la inmediación del juez y propugnando la resolución de los conflictos mediante la conciliación, de modo de procurar una mayor calidad en las resoluciones judiciales.
La legisladora Julieta Rinaldi, a la hora de informar el proyecto ante el pleno, comentó que el tema fue trabajado de forma conjunta por las comisiones de Legislación General, que ella preside, y la de Asuntos Constitucionales.
En ese marco tuvieron lugar reuniones en las que legisladoras y legisladores contaron con la opinión y la experiencia de las doctoras Laura Echenique, ministra de Justicia de la Provincia, María Marta Cáceres de Bollati, vocal y presidente de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y Verónica Rapela, secretaria Civil y Comercial del TSJ.
Según explicó Rinaldi, las funcionarias “brindaron datos concretos de la aplicación de la ley vigente y emitieron una opinión favorable a las modificaciones propuestas”.
“Este Gobierno, principalmente con la sanción de las leyes impulsoras de la oralidad en los diferentes fueros, y desde luego con el compromiso asumido por propio Poder judicial, ha encarado desde hace años una política de Estado seria, que procura la concreción real y efectiva del acceso a la Justicia, la concreción del principio de igualdad y la duración razonable de los procesos judiciales, llevando a la práctica derechos de raigambre constitucional y convencional de los ciudadanos”, cerró la legisladora.
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