Redacción La Nueva Mañana
En la noche de este miércoles, fueron trasladadas al penal de Ezeiza cuatro mujeres mapuches detenidas en Villa Mascardi horas antes durante el operativo de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, por parte del Comando Unificado de fuerzas de seguridad federales y rionegrinas.
Organismos de Derechos Humanos nacionales cuestionaron duramente la decisión.
Otras dos mujeres detenidas, con bebés de pocos meses, permanecen alojadas en instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche, según indica el diario Río Negro.
Una séptima mujer fue internada ante el avanzado embarazo que atraviesa.
El traslado "inmediato" de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera, dispuesto por la jueza federal Silvina Domínguez, se debió supuestamente a la falta de un espacio federal en el que alojarlas en la región.
La jueza había ordenado además trasladar a otra unidad penitenciaria de Buenos Aires a Betiana Ayelén Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil, pero hubo gestiones de la defensa de las imputadas, para dar marcha atrás con esa medida, habida cuenta de que se trata de mujeres lactantes, según informaron al citado medio fuentes judiciales.
En tanto, Romina Rosas, también detenida, embarazada al momento de ser detenida, fue internada en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche.
Las siete mujeres están incriminadas en un ataque contra cinco gendarmes y el incendio de una casilla de esa fuerza federal. La causa está caratulada como "Incendio u Otro Estrago, Atentado contra la Autoridad y Usurpación".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó fuertemente el operativo y particularmente la detención de estas siete mujeres: "Hace cinco años que estas familias viven en la lof y llevan adelante un reclamo por la tierras que consideran ancestrales. No hay ninguna razón para mantener detenidas a mujeres y niñes mapuches".
Por su parte, la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires calificó a la decisión del traslado de estas mujeres a más de 1500 de kilómetros de su comunidad como "una grave violación de los derechos humanos".
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