La senadora nacional de Córdoba Federal, Alejandra Vigo, presentó un proyecto para que las prestatarias de agua y energía (Aysa, Edenor y Edesur) pasen desde el estado nacional a la provincia de Buenos Aires y a CABA.
“Queremos que, por ley, y no por voluntad del gobierno de turno, se distribuyan los subsidios que surgen del esfuerzo de todos: el interior no puede seguir subsidiando al AMBA”, dijo en el marco de la presentación del proyecto.
La iniciativa propone el traspaso de jurisdicción en el artículo 1 y, en un segundo artículo, establece la plena vigencia del control del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre las empresas eléctricas.
“Con esta ley, tanto la provincia de Buenos Aires como CABA deberán decidir sobre tarifas, subsidios, inversiones, etcétera, con sus propios recursos y presupuestos, tal como lo hacen el resto de las provincias”, fundamentó.
En la actualidad, la provisión del agua potable y desagües cloacales en 26 partidos de la provincia de Buenos Aires y en CABA son prestados por la empresa Aysa, integrada en un 90% por el Estado nacional.
Según indicó, la empresa también es subsidiada para gastos de funcionamiento, “Aysa acrecienta su déficit mes a mes y se beneficia con las transferencias que la Nación hace con dinero de todos los argentinos para gastos corrientes”.
En el caso de la energía eléctrica que prestan Edenor y Edesur en esas mismas jurisdicciones, también son concesionados y subsidiados por la Nación.
En los fundamentos de la iniciativa, Vigo repasó la historia de la prestación de los servicios de agua en AMBA que se vuelven a nacionalizar en 2006 cuando se crea Aysa. Al igual que con los servicios de energía eléctrica, cuyos intentos para que retornen a las respectivas jurisdicciones en 2011 y en 2018 quedaron sin efecto.
“Lo más justo y federal es que la Nación se retire de la regulación de Edenor y Edesur, eliminando así los privilegios otorgados”, argumentó.
“En definitiva, hoy el Estado nacional financia las tarifas del AMBA con fondos aportados por todas las jurisdicciones. La mayoría de los recursos quedan en el AMBA, o sea Caba y la provincia de Buenos Aires, en una Argentina en la que vivir en el interior resulta siempre más caro. Y ya es hora de que se supere esta injusticia”, concluyó.
