La justicia chilena aceptó este viernes la apertura de un proceso de investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera debido a la publicación de los Pandora Papers sobre negocios en paraísos fiscales.
El mandatario está acusado de participar en la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato, lo que supondría un conflicto de intereses, que Piñera no obstante descartó.
Según la investigación elaborada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), contando en su capítulo chileno con el trabajo de Ciper y LaBot, mientras estaba en su primer gobierno, en diciembre de 2010, vendió en 152 millones de dólares su parte de la Minera Dominga a su socio y amigo íntimo Carlos Alberto Délano. Unos 14 millones fueron pagados en Chile y 138 millones en Islas Vírgenes para evitar el pago de impuestos.
Este último se dividiría en tres cuotas, estando la última condicionada a que el Estado no declarara zona de protección ambiental el área de operaciones de la minera. Algo que evidentemente influiría en su intransigente postura al respecto que fue apelada durante el gobierno de Michelle Bachelet y que recién logro aprobarse hace dos meses bajo su segundo mandato.
Como una forma de controlar los daños el gobierno elaboró un comunicado recordando que el proceso de venta de la minera ya fue investigado en 2017 cuando la “Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del Presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”.
Fuente: Télam
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