Un total de 32 millones de pesos ofreció este martes el Gobierno como recompensa para encontrar a 16 represores prófugos que son buscados por la Justicia en el marco de causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar.
A través de la Resolución 387/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad aumentó el monto de la oferta de dinero para aquellas personas que brinden datos útiles para poder capturar a los miembros del aparato represivo de la última dictadura militar.
Los represores buscados son Carlos Alberto Arroyo, José Luis Piedra, Horacio González Llanos, Fernando Federico Delgado, Juan Carlos Linarez, Héctor Mario Schwab, Jorge Raúl Vildoza, Ángel Ervino Spada, Miguel Ángel García Moreno, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, Antonio Tuttolomundo, Alejandro Vicente Michelutti, Luis Esteban Kyburg, Miguel Ángel Vera, Gustavo Francisco Bueno y Oscar Chapur.
Algunos de los buscados estuvieron detenidos y se fugaron de distintos establecimientos penitenciarios.
El caso de Vildoza se destacada del resto debido a que Ana María Grimaldos, la esposa del capitán de navío que fue jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, había presentado en 2012 ante la Justicia un certificado de defunción expedido en Sudáfrica siete años antes.
La mujer declaró ante la juez María Romilda Servini que el represor había sido cremado en Ciudad del Cabo, por lo que la magistrada envió a un perito de la Policía Federal para corroborar la información: el especialista descubrió que las huellas digitales que figuraban en el certificado de defunción no eran de Vildoza.
No menos llamativo es la situación de Kyburg, quien fuera segundo comandante de Buzos Tácticos en la Base Naval de Mar del Plata durante la última dictadura militar: el represor fue escrachado en septiembre pasado en Berlín, donde miembros de Hijos Deutschland lo hallaron viviendo tranquilamente.
Por contar con la doble ciudadanía el Estado alemán se negó a extraditarlo pese al pedido que hizo la Justicia argentina en 2015.
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