El Consejo de la Magistratura cerró sin pronunciamiento y por el paso del tiempo el pedido de juicio político contra el juez federal de Esquel, Guido Otranto, por el presunto mal desempeño en sus funciones en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
El juicio político había sido pedido en 2018 por los entonces legisladores de tres fuerzas políticas, diferentes: Victoria Donda, por Libres del Sur; Myriam Bregman, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), y Horacio Pietragalla, por el Frente para la Victoria (FPV). Donda es hoy titular del INADI y Pietragalla, secretario de Derechos Humanos.
Santiago Maldonado, un artesano que apoyaba los reclamos territoriales de la comunidad mapuche, desapareció el 1º de agosto de 2017 durante un operativo represivo contra la comunidad de Cushamen y su cuerpo fue hallado flotando en el río Chubut el 17 de octubre de ese mismo año.
El Consejo recordó una reglamentación vigente que establece que "la decisión de abrir un procedimiento de remoción o disciplinario de magistrados no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado".
Esa reglamentación dispone, además, que "cumplido el plazo sin haberse tratado el expediente por la Comisión (de Disciplina y Acusación), éste pasará al plenario para su inmediata consideración". La resolución, a la que tuvo acceso NA, fue adoptada en el último plenario del Consejo.
"Se analizó al expediente de referencia y toda vez que la denuncia que dio origen a las presentes actuaciones fue presentada el 23 de mayo de 2018, ha operado de pleno derecho el plazo legal establecido", concordaron los consejeros, según el acta firmada por el presidente del cuerpo, el abogado Diego Molea, y el secretario general, Mariano Pérez Roller.
Bregman, Donda y Pietragalla habían pedido el juicio político de Otranto, el primer juez de la causa por la muerte de Santiago Maldonado, que aún está abierta.
Los entonces legisladores denunciaron irregularidades previas y durante la investigación y atribuyeron a Otranto conductas que calificaron como "mal desempeño en sus funciones".
Otranto fue apartado de la investigación justamente por esas presuntas irregularidades cometidas en el marco del proceso, en una decisión que tomó tempranamente la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. En su lugar, fue designado como subrogante para ese expediente el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.
La denuncia contra Otranto sostenía que "estaba al tanto del hostigamiento que venían sufriendo las comunidades mapuches desde la primera represión, meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado". De hecho, había convocado a principios de 2016 a una mesa de diálogo de la que participaba la Comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen, pero la suspendió un año más tarde.
"Esas arbitrariedades permitieron que Gendarmería pudiera desalojar la ruta y entrar ilegalmente al Pu Lof donde desapareció Santiago y después apareció sin vida", había resumido el entonces legislador Pietragalla al formula el pedido de juicio político.
