Por: Adrián Camerano - Especial para La Nueva Mañana
La resolución comunal 242/17, que ya está vigente, crea en la localidad ubicada a 50 kilómetros de Córdoba “una zona de resguardo ambiental”, en la que está prohibido fumigar. En esa zona que va desde el límite del radio urbano hasta los siguientes 1.000 metros “se prohíbe el uso de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la pulverización y/o fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, reza la resolución.
Textualmente, el límite está comprendido “a partir del límite exterior de la planta urbana de esta localidad” y “de la Escuela Bernardo de Monteagudo N° 2 (…) y hasta un radio de mil metros”. La zona de exclusión no sólo abarca el casco urbano sino también la institución educativa, algo alejada de las viviendas.
Dentro de esa zona de resguardo sí están permitidos “los productos debidamente autorizados para la práctica de agricultura orgánica o agroecológica”. Y en los 500 metros siguientes se autorizó también “la aplicación terrestre de productos químicos o biológicos de uso agropecuario de las clases toxicológicas III y IV”. Para ello “se deberá contar con la previa autorización comunal”.
La medida de Pérez se da tras un fuerte reclamo vecinal por las fumigaciones, y en el marco de un conflicto importante con productores locales. La lucha de los vecinos cobró fuerza el año pasado, cuando denunciaron aplicaciones en la zona, inclusive muy cerca de la escuela de la localidad. En aquel momento Pérez firmó las recetas fitosanitarias (para que se pueda fumigar debe mediar la autorización comunal) y evitó una postura tajante sobre el tema.
Pero este año, a la vuelta del calendario de siembra, Pérez firmó nuevas recetas fitosanitarias, y los vecinos retomaron los reclamos antes la perspectiva de nuevas aplicaciones. El conflicto, que llevaba meses latente, recrudeció: hubo marchas de vecinos y de productores agropecuarios, un intento de mesa de diálogo, chacareros encadenados frente a la comuna y cruces eternos por las redes virtuales, nuevo territorio de disputa. Hasta que el jefe comunal sancionó la restricción, y sumó a Dique Chico a las localidades de la zona que prohíben las fumigaciones; Anisacate, por caso, lleva una década como pueblo “libre de agroquímicos”, primero por resolución comunal y luego por ordenanza municipal.
Alta Gracia, cabecera del Departamento Santa María, sancionó en 2012 una ordenanza muy parecida a la que ahora aprueba Dique Chico. Creó una zona de resguardo de 1.500 metros, en la que se prohíbe aplicar y se favorece a la agricultura orgánica. Lo cierto es que, a cinco años vista, las fumigaciones cesaron pero la agricultura orgánica brilla por su ausencia, y lo que sí florecieron en esos terrenos son loteos de gran envergadura, precios poco populares y carentes de servicios esenciales. Con el agravante, además, de que las nuevas urbanizaciones corren la línea de los 1500 metros y achican o eliminan la zona de resguardo ambiental, porque la ciudad va quedando pegada a otras comunas que sí permiten aplicar, como Los Aromos o Falda del Carmen. Mientras reconvertían sus campos en loteos, los productores judicializaron la norma y demandaron a la Municipalidad, en un litigio aún pendiente de resolución.
La pregunta por ahora sin respuesta es si en Dique Chico se repetirá la historia de lo ocurrido en la cabecera departamental o si, por el contrario, los productores acatan la norma y se dignan a repensar las condiciones en las que desarrollan su actividad.
Esteban José, uno de los vecinos más activos en la lucha local contra las fumigaciones, celebró la resolución firmada por Pérez y consideró que “se logró el objetivo” de preservar el derecho a la salud. “Nosotros no nos oponemos de ningún modo a la agricultura, proponemos la reconversión agroecológica” reiteró, y agradeció al abogado Darío Ávila, quien asesoró sobre el texto normativo, “por hacernos entender que el derecho a la vida está por sobre cualquier interés económico”.
“El contexto viene duro, pero cada una de estas luchas que se ganan forman parte de algo mucho más grande. Que sirva de ejemplo de que no siempre ganan los intereses de los que más tienen, y que cada uno de nosotros puede hacer algo para poder vivir en un lugar más sano, justo y feliz. ¡Que la Pacha vuelva a latir!”, expresó.
A horas de haber firmado la resolución, el jefe comunal Nilo Pérez aseguró a LA NUEVA MAÑANA que “la idea es impulsar la agroecología, para que estos productores sigan trabajando sus tierras”, y anunció la creación de un cuerpo local de inspectores ambientales que controle la aplicación de la ordenanza comunal.
“Esta resolución pone un resguardo para la salud de nuestros vecinos. En su momento convocamos al Inta, al Ministerio, a vecinos y entidades neutrales, para que nos digan la verdad. Porque vos hablás con un ingeniero agrónomo y te dice que no pasa nada. Eso no prosperó, y ahora dijimos ´vamos a regular porque no vamos a esperar que alguien se enferme´. Está en juego la salud, entonces no hay nada más que decir” completó este viernes en declaraciones a la audición radial Tiempo de Valientes, de Alta Gracia.
Acerca de la eventual judicialización de la resolución, Pérez llamó a los productores a “que sean sensatos y busquen otra forma de producir”. “Nadie está prohibiendo que trabajen: laburen, pero carpiendo a mano como antes, y no atenten contra la salud. Son sus tierras, son de ellos, pero no perjudiquen a la gente”, cerró.
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