La abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria de familiares de los tripulantes del ARA San Juan, amplió este miércoles la denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Defensa Oscar Aguad. La letrada aportó una nota periodística en la que un ex comandante chileno asegura que ese país dio con el submarino 11 días después de su hundimiento.
Carreras solicitó también que se cite como testigo al jefe de la Armada, Julio Horacio Guardia, quien la semana pasada contó cómo fue el año de búsqueda del submarino, al brindar un discurso durante el acto de homenaje a las víctimas a tres años del hundimiento.
Los artículos periodísticos aportados al expediente por la abogada Carreras incluyen declaraciones del ex comandante del buque chileno Cabo de Hornos, el capitán de navío retirado César Miranda, quien días atrás dijo tener la “certeza” de que el 26 de noviembre de 2017, 11 días después del último contacto del Ara San Juan, detectaron su ubicación.
"Cuando (el 17 de noviembre de 2018) sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity de EE.UU.) lo había ubicado (un año después de que desapareciera), me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos. ¿Qué razones motivaron a mantener esta información en stand by? lo desconozco", dijo Miranda en una entrevista a El Mercurio de Chile, citada en la presentación de la querella.
Las declaraciones de Miranda coinciden con los dichos del contralmirante retirado, Luis Enrique López Mazzeo, quien se encuentra imputado en la causa por el hundimiento del navío y hace dos semanas dijo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que a pocos días del hundimiento del submarino la Argentina había recibido información sobre su ubicación de parte del buque chileno.
La presentación fue realizada ante el juzgado federal 12, a cargo actualmente del juez Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuan, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Antes de disponer las primeras medidas, los investigadores solicitaron certificar al menos dos expedientes (uno que tramita en Comodoro Py y otro en Caleta Olivia, Santa Cruz) a los efectos de determinar si corresponde que la denuncia se tramite ante el juzgado federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires o debe ser enviada a otro juzgado.
Fuente: Télam.
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