La legisladora por el MST en el FIT Unidad, Luciana Echevarría, presentó este miércoles un amparo colectivo para que se restablezcan de inmediato los programas de empleo y capacitación suspendidos por el Gobierno provincial en el marco de la pandemia por Covid-19 y el aislamiento social y obligatorio.
“Desde la Izquierda siempre criticamos estos programas porque sólo aumentan la altísima precarización que existe en nuestra provincia. Pero que el gobierno de Schiaretti aproveche la pandemia para abandonar a estas familias, en lugar de mejorar sus ingresos, muestra la verdadera cara del gobierno: se ataca a los pobres y con esos mismos fondos se beneficia al sector privado, como al de la salud por ejemplo, al que le pagarán $2500 por paciente atendido con coronavirus”, remarcó la legisladora.
En ese marco, tildó la decisión de “insostenible” y pidió una pronta respuesta por parte de la Justicia. “La medida además de insensible es inconstitucional, porque desconoce compromisos ya asumidos, lo que viola pactos internacionales en materia laboral. Esperamos que en esta ocasión la Justicia no le dé la espalda a un reclamo social tan justo y autorice la restitución del pago a todos los beneficiarios”, completó.
Este reclamo se une al ya planteado por trabajadores y beneficiarios de los planes de empleo y capacitación, por otros legisladores provinciales y representantes de diferentes cámaras profesionales.
De acuerdo a lo comunicado por la Provincia, la decisión se tomó en función de que la dinámica de aprendizaje de este programa es presencial, y las prácticas con los tutores son un pilar importante para el desarrollo del programa, por lo que se hace necesaria la postergación hasta que las condiciones de capacitación se puedan realizar sin riesgo sanitario.
Por las mismas razones, que impide el traslado de personas y el entrenamiento respectivo, a partir del 1 de abril, el ministerio resolvió suspender los programas en ejecución PPP, PIP, PILA, XMí hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.
Por otra parte, y durante el período que dure la suspensión, los beneficiarios de dichos programas no percibirán la asignación estímulo correspondiente prevista en función de la imposibilidad de realizar las prácticas formativas y el entrenamiento laboral correspondiente. Las personas con discapacidad serán atendidas mediante los programas específicos.
