Juntos por el Cambio denuncia un “atentado a la institucionalidad”

Luego de la sesión de este jueves, los diputados cordobeses de Juntos por el Cambio Córdoba emitieron un comunicado en el que definieron como un “atentado a la institucionalidad” lo acontecido en el recinto durante la sesión que le dio media sanción a la norma que reduce los privilegios previsionales para los jueces en todo el país.  

“Celebramos y acompañamos toda propuesta que busque generar equidad y limitar los regímenes jubilatorios especiales que se transforman en verdaderos privilegios”, señalaron desde la pata cordobesa de la principal bancada opositora.

Pese a esto, advirtieron que tras trabajar durante toda la semana para presentar “un proyecto de ley superador, acercando propuestas y cambios que sin justificación fueron rechazados”, se dieron con que la negativa del oficialismo a aceptar esos cambios dejaron evidenciado un “intencionalidad oculta: avasallar el poder judicial y promover vacancias para completar según su conveniencia, debilitar su independencia y romper el equilibrio republicano”.

En ese sentido, los diputados repudiaron “enérgicamente” lo que señalaron como un “fraude a nuestra democracia”: utilizar el voto de Daniel Scioli “para lograr un falso quórum y así sesionar es un grave atentado contra la institucionalidad que debemos denunciar y resistir”. Así, los cordobeses sostienen la postura del macrismo que entiende que Scioli ya no forma parte de la Cámara Baja sino que su rol actual es el de Embajador argentino ante el Gobierno de Brasil.  

En una clave más política, dijeron lamentar “la actitud de todos aquellos diputados cordobeses que faltando a los valores democráticos han legitimado está sesión, siendo responsables de la gravísima violación a los derechos y garantías de los argentinos”.

Finalmente, Mario Negri, María Soledad Carrizo, Hugo Romero, Adriana Ruarte, Gabriel Frizza, Brenda Austin, Diego Mestre, Soher El Sukaria, Hector Baldassi y Leonor Martinez Villada señalaron que “esta ingeniería perversa, que busca limitar y controlar la Justicia, haciendo de nuestro Congreso una herramienta para maquillar los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los diputados del Frente de todos”.