El presidente de la Nación, el secretario de Transporte, y el ex titular de Vialidad Nacional quedaron imputados por irregularidades con los peajes de la empresa Autopistal del Sol (Ausol), una de las históricas empresas del Grupo Macri.
El mandatario está denunciado por beneficiar con casi 500 millones de la empresa de su familia, luego autorizar un aumento de los peajes del 400% y elevar, así, el precio de la empresa. Vale señalar que Macri se había desprendido de sus acciones en los tiempos previos a su asunción como presidente de la Nación.
Por esa causa, el fiscal Carlos Stornelli requirió investigar y solicitó medidas de prueba en relación a una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto. Pero también pidió que se investigue una maniobra similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, que se llevó 245 millones de dólares del Estado, según denunció el propio diputado Tailhade.
El pedido de Stornelli al juez Rodolfo Canicoba Corral implica la imputación de los funcionarios denunciados. Al Presidente se suman el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel.
Según advierte el portal Minuto Uno, el fiscal también requirió el secuestro de todos los informes relacionados con el caso elaborados por la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y de todos los antecedentes que obren en la Procuración General del Tesoro respecto de la demanda iniciada ante el Ciadi por parte de Abertis, firma controlante de Ausol.
En la denuncia, se advierte que tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, “Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Ciadi por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020”.
Sin dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol, el Gobierno dispuso (por decisión de Dietrich e Iguacel) arreglar por la suma de 499 millones de dólares, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la Justicia Penal”, sostienen los legisladores del bloque FpV-PJ-Unidad Ciudadana.
