Una joven profesora de inglés de Río Cuarto, de nombre Jimena, demandó a un pub de esta ciudad por una cifra cercana a los 3 millones de pesos por presunta discriminación, luego de que no le permitieran entrar a ese lugar en octubre de 2018, alegando que “no estaba en la lista de invitados”.
Con el asesoramiento de la abogada Karina Elena Acosta, interpuso una demanda contra el boliche por presunta “práctica comercial discriminatoria en el trato al consumidor”.
Lo acusó de “violación al trato equitativo y digno”, derecho contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en el artículo 8 bis de la Ley 24.220 de Defensa del Consumidor.
La demanda siguió su curso y el pasado 30 de marzo por la madrugada, una comitiva judicial integrada por la abogada demandante, Karina Elena Acosta, el Oficial de Justicia Mario Gil y la Martillera Pública Laura Hernández, se llegó al local ubicado en Alvear al 700 para efectuar una intervención sobre la recaudación del bar.
En virtud de la causa que se tramita en el Juzgado de Tercera Nominación, Secretaría N° 6, la justicia determinó trabó un embargo por un monto de $1 millón de pesos. Acosta contó a FM Libre que al intentar embargar la recaudación "el responsable del lugar reaccionó violentamente con insultos, empujones y golpes, que derivó en la intervención de más 20 efectivos policiales".
Además, relató que el encargado del bar sacó a los manotazos parte de la recaudación y se la llevó. Es por eso que realizó una presentación penal denunciando supuestas amenazas y violencia sufrida esa madrugada.
Desde su página en Facebook, los propietarios del pub rechazaron las acusaciones tanto por discriminación como por violencia. Desde el boliche también negaron que la abogada haya sufrido agresiones.
En las últimas horas, trascendió que a raíz de los incidentes por el embargo, el fiscal Daniel Miralles imputó al dueño del pub por lesiones y amenazas.
Además, el empresario fue denunciado por resistencia a la autoridad. La propia abogada, en diálogo con Telediario Digital, deseó que esto pueda servir para sentar un precedente y también espera que se cumpla con la finalidad del monto de la pena.
Ante lo acontecido con un nuevo caso de discriminación en un boliche cordobés, la legisladora Liliana Montero recordó que en el año 2014 presentó un proyecto de Ley en la Unicameral para solicitar adherir a la Ley Nacional Nº 26.370.
La misma establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de control, admisión y permanencia del público en eventos y espectáculos públicos.
Según se comentó, no hay regulación sobre el tema en el ámbito provincial y se siguen dando casos de discriminación en estos establecimientos bailables.
