El abogado Ortiz Pellegrini, representante de un grupo de uniformados, asegura que “la Nación discutía la intervención de la provincia, y se quiere hacer pagar a unos 'perejiles'”.
Córdoba22/04/2017 Redacción La Nueva Mañana
En el marco de la causa que investiga los hechos ocurridos en el año 2013, por el levantamiento policial en Córdoba, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, solicitó que se llame a declarar a Cristina Fernández de Kirchner y al entonces gobernador José Manuel de la Sota.
Pellegrini solicitó se convoque además al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; al ex secretario de Seguridad, Sergio Berni y al ex gobernador.
El representante legal de 60 policías hoy imputados por el acuartelamiento, manifestó que "vamos a demostrar que entonces se jugaba mucho más que un aumento salarial a la policía; la Nación discutía la intervención de la provincia, se quiere hacer pagar a unos 'perejiles' una situación que iba mucho más allá", señaló al diario Ciudadano Sur.
Uno de los indicios que tuvo en cuenta el abogado para solicitar la testimonial de Capitanich, fueron las palabras que hiciera pública el ex funcionario al decir "Que los cordobeses se cocinen en su salsa". Según el abogado "lo que discutían era la intervención, no otra cosa".
La causa es investigada por la Cámara 12º del Crimen.
En la madrugada del 4 de diciembre del 2013 un acuartelamiento policial convirtió las calles de Córdoba en tierra de nadie. Miles de saqueos y un muerto fueron algunos de los saldos.
Se cumplieron cuatro años de la sanción de la ley nacional. Las personas despedidas cumplían tareas en Pami, Anses, Vialidad Nacional y Banco Nación, entre otras dependencias nacionales en Córdoba. Exigen la reinstalación de los puestos de trabajo.
Se trata de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien está acusado de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Hay otros policías y civiles involucrados.
Los policías, que formaban parte de la brigada de Cruz de Eje, fueron apartados y detenidos en octubre del año pasado. El Juzgado de Faltas Número 8 de Córdoba dictó entre 6 meses y tres años de prisión efectiva para los uniformados.
Un viernes de alto voltaje para el Gobierno, tras las detenciones ordenadas por la Justicia en una causa sobre asociación ilícita que vuelve a involucrar a la Policía de Córdoba. Entre los detenidos, además del jefe de la Caminera, hay otros policías acusados, abogados y civiles.
Este jueves en el Centro Cultural de la UNC, la asociación Con Voz presentó una guía con herramientas destinadas a crear y coordinar grupos de mujeres, con el objetivo de construir vidas libres de violencia de género. LNM dialogó con Ruth Ahrensburg, fundadora de la ONG cordobesa.
En el marco de las detenciones que sacuden a la Policía Caminera de Córdoba, el fiscal detalló que hay pruebas suficientes para confirmar que los efectivos “tenían acceso a antecedentes penales”.
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Se trata de Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, quien está acusado de coacción, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Hay otros policías y civiles involucrados.
Los policías, que formaban parte de la brigada de Cruz de Eje, fueron apartados y detenidos en octubre del año pasado. El Juzgado de Faltas Número 8 de Córdoba dictó entre 6 meses y tres años de prisión efectiva para los uniformados.
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