El Gobierno envió a la Legislatura los dos convenios firmados con la ministra Patricia Bullrich, con los que se creó el Comando Unificado Córdoba. Serán votados el 19 de diciembre.
Política 10/12/2018
Gabriela Yalangozian
Uno tiene por objetivo la lucha de la inseguridad y el delito, y el otro contra la narcocriminalidad, se convertirán en ley antes de que finalice el año, según lo confirmó el ministro de Gobierno de la provincia, Juan Carlos Massei, a La Nueva Mañana.
A partir de esos acuerdos fue creado el Comando Unificado Córdoba (CUC) el 25 de abril pasado, que permite que Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la Policía Provincial trabajen en conjunto en el control de rutas pero también el abordaje integral de controles en las ciudades más grandes del territorio cordobés.
La semana pasada fue elevado a la Unicameral el proyecto que dará el marco legal a ambos convenios, que ya están en ejecución, y que, de hecho, habilitaron el accionar de Gendarmería en distintos operativos en las rutas cordobesas y hasta los controles en el transporte público.
Cabe recordar que en octubre se generó una polémica por un video que se viralizó donde gendarmes suben a un colectivo urbano y solicitan documentación y piden revisar las carteras y mochilas de los pasajeros.
Las imágenes dividieron a la sociedad cordobesa: unos aprobaron la iniciativa a la espera que se reforzara la seguridad; otros se indignaron, aseverando que los controles eran anticonstitucionales. En este sentido, la Mesa de Trabajo en Defensa de los Derechos Humanos (DD.HH) presentó un hábeas corpus señalando que dichos operativos afectan “la libertad de las personas”.
Sin embargo, el Juzgado de Control Nº 1, a cargo de Gustavo Hidalgo, dictaminó que los controles de Gendarmería eran legales y que se realizan en el marco de operativos de seguridad, advirtiendo que las requisas deben ser implementadas de forma estricta y justificada. Ante esa resolución, el organismo de DD.HH. apeló el pasado jueves la medida (Ver: Organismos de DD.HH. apelaron el rechazo al hábeas corpus).
“Los dos acuerdos que firmamos con el Gobierno nacional y están en funcionamiento, los enviamos a la Legislatura y serán ley antes de que termine el período de sesiones ordinarias”, aseguró a este semanario Massei.
“Los convenios están en ejecución, pero el gobernador Juan Schiaretti y yo decidimos, como política de Estado, que sean ley para que tenga continuidad en otras gestiones. De esa forma, esas leyes nos van a acompañar en el proyecto del trabajo de las políticas de seguridad y contra el narcotráfico”, explicó el ministro de Gobierno.
“Según está previsto, le darán despacho de comisión en la semana y se estará tratando en la sesión del 19 de diciembre”, adelantó Massei.
Uno de los temas que generó polémica en los últimos días fue la resolución 956/2018 impulsada por el Gobierno nacional que establece un reglamento del uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales. Para muchos, esa resolución habilita el “gatillo fácil” porque faculta al uniformado a disparar por la espalda a un sospechoso, fue rechazada en distintos ámbitos, motivó un pronunciamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y de Amnistía Internacional, entre otros.
Consultado al respecto, el ministro de Gobierno aseguró a La Nueva Mañana que “no está en análisis del Gobierno de Córdoba adherir al protocolo”. “Nosotros tenemos una normativa del personal policial que tiene muy claro todas las actuaciones, y esa ley tiene su reflejo en las escuelas de oficiales y suboficiales General San Martín y Manuel Belgrano. Allí, a nuestros cadetes se los capacita sobre cómo tienen que actuar en una represión del delito, y que tienen que tener en cuenta la proporcionalidad y la racionalidad”, expresó el funcionario provincial, y completó: “Esto quiere decir que nuestra Policía debe actuar con una ley en una mano y la constitución en la otra”.
Además explicó que, si bien el CUC trabaja en conjunto con la Gendarmería y Policía Federal, donde sí podría regir el cambio de protocolo que impulsa Patricia Bullrich, “en Córdoba se aplican las reglas de nuestra institución policial y nuestras leyes. Nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea; respetando los derechos humanos y hacer lo que la gente quiere que hagamos: que cuando ocurra un delito, haya una represión y se encarcele al delincuente. Si hubiera algún peligro inminente de muerte, por supuesto que el policía va a actuar como corresponde. Pero también tratamos por todos los medios que la proporcionalidad y la racionalidad imperen a la hora de aplicar el Código Penal”, subrayó.
El pasado 6 de diciembre, la Mesa de Trabajo en Defensa de los Derechos Humanos de Córdoba, Hijos y familiares y el ex asesor letrado Rafael Ortiz presentaron el recurso de apelación en contra de la resolución del Juzgado de Control N°1, que había rechazado el hábeas corpus preventivo presentado “en contra de las requisas de Gendarmería en la ciudad de Córdoba”.
“Pedimos que sea rechazada la resolución porque no trae a favor la seguridad de los ciudadanos de Córdoba sino todo lo contrario, trae la intimación, la intranquilidad y la indignación ante estos operativos ilegales”, señaló el abogado Rafael Ortiz.
“También solicitamos a la Cámara de Acusación que la expresión de los fundamentos de la apelación sea por audiencia pública, para que la población y el público interesado pueda también intervenir y estar presente”, afirmó en representación de los organismos de DD.HH. de Córdoba.
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