Video Gentileza Andy Ferreyra.
El abogado Carlos Nayi confirmó que este miércoles realizó una presentación ante la fiscalía de turno en Villa Carlos Paz por el estado del lago San Roque, cuyas aguas fueron teñidas por algas verdes y azules producto de la profunda contaminación.
“No lo hizo el Defensor del Pueblo, ni ningún fiscal de oficio. Por eso, como abogado al cumplir una función social, efectué una denuncia penal donde pido se determine si hay delito y de haberlo, las responsabilidades que le competen al gobierno municipal de Carlos Paz, Gobierno provincial y nacional”, afirmó.
Nayi señaló “tenemos un lago que se está muriendo como es el San Roque, que está envenenado. Ya se había encendido una señal de alarma en el mes de enero a partir de un monitoreo de Cirsa. En él se determinó un alto nivel de contaminación, en especial en los extractos inferiores, ya que por la falta de oxígeno, se ocasiona una mortandad en niveles elevados de peces y un impacto no solo en el medio ambiente, sino además en la salud que podría afectar la vida de las personas”, precisó.
“La denuncia es por violación al artículo 55 de la Ley 24051 de Residuos peligrosos en consonancia con el Código Penal, y del artículo 200 de delitos contra la Salud Pública”, detalló.
En cuanto a las supuestas responsabilidades, el abogado aseguró: “Ninguno de los tres involucrados, ni municipio, ni Provincia ni Nación escucharon la voz de la Justicia, que dijo en el año 2013 que en el corto, mediano y largo plazo los diez municipios que forman parte de la cuenca de Punilla debían trabajar en la infraestructura y en las obras necesarias para evitar que el lago se contamine. Al mismo tiempo, (esa resolución) hacía hincapié en la labor de la policía ambiental para que se evitara que se vuelquen líquidos cloacales y cualquier otro elemento contaminante. Esto está penado por ley. Este es el aporte que hoy se formula a los fines de que se deje de actuar sobre las consecuencias, donde ya tenemos un hecho consumado con un grave perjuicio, para que a futuro se comience a atacar las causas”, señaló.
Según aclaró Nayi, la denuncia no está dirigida hacia ninguna persona en particular. “Es a determinar. La orden judicial impartida en el 2013 alcanzaba al estado nacional, provincial y municipal. Por lo que, en este caso, será la fiscal Jorgelina Gómez -de la fiscalía N° 3 donde recayó la denuncia-, quien deberá individualizar a cada uno de los encargados de áreas, de reparticiones y ministerios, para verificar si hay delito, y si lo hay, actuar en consecuencia”, concluyó.
