Distintos profesionales señalan que se dio un paso importante, pero queda mucho por hacer para garantizar el derecho a la integridad y dignidad de niños y niñas.
Córdoba23/10/2018
Gabriela Yalangozian
Días atrás, el Senado convirtió en Ley la reforma en el artículo 72 del Código Penal para que las causas de abuso sexual contra niños sean de instancia pública. A partir de la misma, ya no será necesario que los padres ratifiquen una denuncia ante la Justicia, algo que ocurría en muy pocas ocasiones ya que la mayoría de los casos ocurren en el ámbito intrafamiliar.
A partir de ahora, la Justicia podrá investigar de oficio. Sin embargo, resta aún mucho camino por recorrer para que se garantice la protección de las víctimas.
La Nueva Mañana consultó con varios profesionales sobre los cambios que se imponen a partir de esta reforma, y muchos de ellos coincidieron en señalar que es un primer avance sobre un tema que necesita de políticas, protocolos y normativas complementarias para garantizar derechos a los niños y niñas.
Para la abogada Marysel Segovia, presidenta de la ONG Sehas (Servicio Habitacional y de Acción Social) y docente de la Facultad de Derecho de la UNC, la reforma aprobada por el Congreso es consecuencia de una lucha que lleva varios años por parte de organizaciones a nivel nacional, que buscaban generar cambios en las leyes para que los casos de abuso sean investigados. “Se hacen las denuncias, pero luego discrecional y arbitrariamente nos encontramos con que en la mayoría de los casos no hay proceso, investigación y a veces ni imputaciones”.
“Si bien más del 85% de los casos que se presentan son intrafamiliares, aun cuando no lo son, tampoco se investiga. Es un tema serio. Por más que el Código Penal plantea que las adolescentes a partir de los 13 años pueden realizar directamente solas la denuncia, muchas veces no se la toman, y hay fiscales que siguen con esta lógica de exigir que sean ratificadas por los padres”, comentó la abogada.
Para Segovia aún resta mucho para poder garantizar la protección a la víctima. “Son dos cosas que hay que tener en cuenta. Una es el aspecto penal, para que no haya tantas excusas y que el Estado promueva a la investigación y se logre una condena; algo que para la víctima es fundamental en su proceso de recuperación. Y muchas veces ocurre que el abusador ni siquiera es imputado”, señaló.
“Por el otro lado, faltan políticas de contención y acompañamiento a la víctima de abuso”, enfatizó Segovia. “Además, se necesitan protocolos y políticas concretas de acompañamiento familiar, tanto para la víctima como para el familiar que es denunciante… Pero también hay que trabajar para que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral, con maestras capacitadas, para prevenir los abusos. Yo creo que, si se trabaja en las escuelas desde el nivel inicial, habría muchos menos niños abusados”.
“Lo otro, es eliminar los argumentos del síndrome de alienación parental con el mito de que las madres ´inventan hechos´ por despecho a sus maridos y buscar políticas de protección al denunciante y a la víctima. Y también es importante visibilizar el tema. Una de las formas de hacerlo, es buscar estadísticas que demuestren que son pocas las denuncias que terminan en procesamientos”, precisó la abogada.
Cabe destacar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. Se denuncia aproximadamente el 10% de los casos y se condena menos del 1%. En el 90% de los casos, el abusador es alguno de sus familiares varones.
Este año en Córdoba se produjo la primera sentencia en un caso que tenía a una adolescente como querellante contra su abusador, perteneciente a su ámbito intrafamiliar, y que fue asesorada por un abogado de Niñas, Niños y Adolescentes.
Esa letrada era Vanina Lamberti, quien celebró la aprobación de esta reforma en el Código Penal. “Creo que es un paso más en la protección especial que merecen los chicos para que, como sujetos menores de edad, dejen de estar a merced de los adultos y que el Estado se haga presente en sus vidas para dar una respuesta efectiva frente a vulneraciones tan graves como son las agresiones sexuales. Es un avance como sociedad, los adultos en general, y el poder judicial en especial, que ya no pueden mirar para otro lado, bajo la excusa de la instancia privada”, reflexionó.
Para Lamberti, que la denuncia de abuso sexual infantil tuviera que ser ratificada por los padres, se traducía a que, “quién debía instar la acción era el agresor u otro adulto sometido y silenciado por éste”.
“Por esta razón, este cambio es sumamente alentador. Ahora habrá que ver cómo se implementa ya que el sistema muchas veces actúa con inercia y resistencia, aun cuando los cambios sean positivos”, consideró.
En cuanto al rol del abogado de Niños, Niñas y Adolescentes, señaló que esta reforma constituye “un mensaje más para el sistema de protección en tanto debe habilitar de modo más efectivo la participación de sujetos menores de edad, empoderarlos y redoblar sus esfuerzos para que sus voces sean escuchadas”.
Según la licenciada en Psicología Elsa Lerda, la ley aprobada “facilita la denuncia, lo cual es necesario, pero no resuelve la problemática”.
Con 30 años de experiencia en maltrato y abuso sexual, la docente jubilada de la cátedra de Pediatría de la UNC, y supervisora externa en salud mental para el comité de Maltrato de Hospital de Niños, ha asistido a muchos casos y hace hincapié en la necesidad de dar protección al niño que es víctima.
“El problema básico de las denuncias es que son los niños quienes tienen que relatar o revivir el acto abusivo, y para esto se lo somete a la Cámara Gesell. Para un niño abusado sexualmente, llevarlo a un lugar que no conoce junto a una psicóloga que tampoco conoce, no es brindarle las mejores condiciones para que declare sobre una situación que le es traumática. Y, si no cuenta lo que le pasó, muchos fiscales consideran que no hay prueba suficiente para que avance esa denuncia”, explicó.
“Creo que es una falla no haber encontrado otra forma que el niño pueda declarar sin revictimizarlo. Esto tiene que ver con la Justicia, pero también con los psicólogos”, dijo Lerda quien consideró: “En este país, las principales víctimas son los niños. Tanto sea de abuso como en maltrato infantil”.
“Hacer una denuncia no es garantía de que se proteja a la víctima -resaltó- porque se trata de un niño frente a un adulto o alguien mayor que él, que siempre tiene más herramientas para defenderse. Y hay algo peor: si el relato del niño no es claro y coherente, no se lo considera ´prueba´ suficiente, no se le cree, y él no está en condiciones ni psicológicas ni intelectuales de defenderse”, sentenció Lerda.
La licenciada sostuvo que el principal problema es que la denuncia no prospere, no se logre probar el hecho, y que el abusador sea declarado inocente, y el profesional que denunció, termine siendo el querellado.
Cabe recordar que, como complemento de la ley que se acaba de aprobar, existe una propuesta que aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados para la protección a los profesionales de centros educativos, de salud o de acompañamiento, que hoy están obligados a denunciar.
Un incentivo para que lo hagan será reservar su identidad como denunciantes y eximirlos del secreto profesional y de responsabilidad legal, para que no sea tan fácil recibir represalias por haber denunciado un delito cometido contra niñas o niños.
“Creo que esta ley ayuda, pero no está protegido totalmente un menor. Tengamos en cuenta que el abusador sexual de niños es un perverso. Así como no tiene problemas de abusar de una criatura tampoco lo tiene en tomar represalias o agredir a quien lo denuncie. Por eso creo que es necesario que también se proteja al profesional que detecta el abuso”, explicó Lerda.
La defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia, Amelia López, precisó a La Nueva Mañana que, en el primer semestre del año, ese organismo provincial recibió 33 casos relacionados al abuso sexual infantil.
“Hasta mitad de años habíamos recibido 33 casos, de los cuales 18 eran abusos sexuales intrafamiliares y 15 extrafamiliares. Es una cifra similar a la que tuvimos en el segundo semestre del año pasado. Las cifras son importantes, porque este no es un organismo judicial”, contó la defensora.
“La mitad de quienes acudieron con estos casos a la Defensoría, vinieron antes de hacer la denuncia, porque no sabían qué hacerla. Hemos recibido consultas de directoras de escuelas, docentes y hasta psicólogos. Lo que nosotros hacemos es acompañarlos en el proceso para presentar pruebas y para que la metodología de la denuncia sea la correcta, porque vemos muchos casos que terminan archivándose por mal procedimiento”, señaló López.
“La otra mitad de las consultas son de personas que ya habían hecho la denuncia, y que presentaban problemas para dar continuidad al trámite. Y de los denunciantes, tenemos desde un progenitor que denuncian al otro o a los abuelos, docentes, vecinos, psicólogos, y trabajadores sociales. Pero también acuden los propios adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual, porque tenemos un espacio de escucha para ellos”, enfatizó.
Para Amelia López, la modificación que aprobó el Senado del artículo 72 convirtiendo los delitos de integridad sexual hacia los niños como delitos de instancia pública, permite dar cumplimiento con lo establecido en la Convención de Derechos del Niño y en la Ley 26 061, que tiene que ver con las garantías constitucionales mínimas que el Estado debe darle a los chicos en el ejercicio de sus derechos y que el Código Penal actualizó en ese sentido.
“Este cambio en el artículo es un gran paso jurídico, pero creemos que debe trabajarse mucho más todavía en la confección de protocolos y capacitación del personal de las unidades judiciales y fiscalías penales, para que cuando tomen la denuncian, hagan una escucha activa y no revictimicen a los chicos.
Lamentablemente, lo que pasa hoy en día con los niños es mucho peor que lo que ocurre cuando una mujer denuncia violencia de género. Hay un sustrato cultural que hace que la palabra de los chicos esté devaluada en relación a la de un adulto. Y la palabra del niño debe ser tenida en cuenta”, enfatizó López.
La licenciada en trabajo social Alicia Zamarbide es integrante de la Comité de Maltrato del Hospital Infantil desde hace 15 años, que lleva estadísticas sobre los casos que reciben en ese nosocomio provincial.
En diálogo con La Nueva Mañana, Zamarbide precisó que “en lo que va del año, en este Hospital que es de tercer grado de complejidad en Pediatría, se abordaron interdisciplinariamente 100 situaciones en niños con maltrato infantil y con confirmación de diagnóstico. Dentro de esta población, la mayor franja que es objeto de abuso sexual con otras modalidades de maltrato. Se trata de niños comprendidos entre los 6 a 10 años de vida”.
La licenciada aclaró que el abuso sexual infantil es considerado una modalidad de maltrato entre todas las otras, que nunca se da en modo exclusivo, sino que además incluye el maltrato psicológico, por negligencia o el físico. “Es importante mirarlo en toda la complejidad y más allá de este avance en la reforma del Código, que permite que sea considerado un delito de instancia pública, es importante contar con un diagnóstico adecuado de los especialistas para evitar una sobredenuncia, que no refleje la realidad del abuso sexual”, explicó.
Zamarbide también consideró importante para los profesionales que haya un resguardo legal para quienes denuncien, en especial en localidades pequeñas donde existe una mayor proximidad tanto con las víctimas como con los agresores. Ese amparo al profesional también debe darse ante el diagnóstico, ya que el abuso sexual es, dentro de las modalidades de maltrato, una de las más difíciles de validar por sus características.
“Habitualmente se da siempre dentro del grupo de convivencia o el grupo familiar y en el 90% de los casos no deja lesiones físicas sino que debe trabajarse en un diagnóstico desde los indicadores sociales y psicológicos que presentan los niños y sus familias. Esto requiere un abordaje muy profundo y complejo, porque muchas veces la trama familiar conlleva a que sea un secreto muy bien guardado”, explicó.
Según dijo, muchas de las familias en las que se registra un abuso sexual peregrinan por diferentes instituciones en busca de ayuda y un abordaje adecuado. “El tema del maltrato infantil en general, y específicamente en lo que hace al abuso sexual, requiere de instituciones que estén dispuestas a responder de las demandas de estas familias. Una vez que se decidió revelar ese secreto, es importante que tengan contención”.
Para tal fin, Zamarbide señaló que este avance legal debe ser acompañado con un enfoque terapéutico y de tratamiento de estos niños y niñas porque “el tema no se resuelve sólo con la denuncia”.
“Más allá de este punto de vista judicial, muchas veces no se llega a confirmar o validar en la justicia el diagnóstico del abuso sexual, y eso no significa que el niño no haya sido expuesto a esta situación. El niño requiere de un tratamiento y un apoyo terapéutico, tanto para él como para su familia. Y en esto, es importante que las intervenciones sean tempranas y oportunas”.
En este sentido, se mostró de acuerdo al aporte que puede realizar la educación sexual integral en el ámbito escolar en cuanto a lo preventivo, pero advirtió que “tiene que ir acompañada por políticas de asistencia en lo terapéutico” que permitan darle esa contención que demandan los niños cuando revelan estas situaciones que se dan dentro del ámbito familiar.
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