Redacción La NUEVA Mañana
Héctor Reyes Corvalán se encuentra internado en terapia intensiva en Santiago del Estero tras haber sufrido quemaduras e impactos de bala de goma durante un violento desalojo.
El hecho ocurrió en el paraje de Sucho Sampa, en el departamento Pellegrini, a 260 kilómetros de la capital de esa provincia del norte argentino; y está enmarcado en la acción de terratenientes contra pequeños campesinos.
El desalojo ocurrió este viernes, cuando un grupo de más diez policías llegó con un oficial de Justicia a desalojar a Corvalán, poseedor de un lote, por orden de la jueza María Cecilia Paskevicius, magistrada que ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia. En el desalojo se registraron destrozos y se incendió el rancho de Corvalán. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado.
El conflicto se remonta a agosto de 2012, cuando el empresario cordobés Néstor Quesada pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. En el lugar habitan familias que resisten los intentos de desalojo e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales.
Desde la Pastoral Social y Derechos Humanos de esa provincia denunciaron lo ocurrido y exigieron "a la Justicia una urgente y profunda investigación de tan tremendo hecho delictivo". Así se manifestó el sacerdote Sergio Lamberti a través de su cuenta de Facebook.
Por su parte, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) manifestó que “la violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en solo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”.
A su vez, responsabilizaron por intento de homicidio contra Reyes Corvalán al empresario Quesada (presente en el operativo), a los policías que participaron del desalojo y al oficial de Justicia Luis Scillia, para quienes pidieron su detención.
“La situación sigue en estado de alerta y peligrosidad ya que el empresario junto a su banda armada sigue permaneciendo en el campo” del hombre atacado, señalaron desde el Mocase. “Denunciamos los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, agregaron en un comunicado.
