Según sostienen desde la central obrera, las patronales privadas y estatales sancionan continuamente a dirigentes gremiales sin cumplir la legislación vigente a lo que se suma, de acuerdo al comunicado emitado, “una actitud complaciente por parte de los Tribunales”. 

El caso más reciente es el del judicial Walter Chilo, exdirectivo y actual delegado judicial, quien fue cesanteado por el Tribunal Superior de Justicia, sin realizar previamente el procedimiento de exclusión de la tutela sindical. El caso sigue ventilándose en la Justicia a partir de los sucesivos recursos presentados por el gremio.

Una situación similar, atraviesan José Subilis, quien es dirigente del Sindicato Municipal de Río Segundo y zona y trabaja como cohofer de ambulancia. En su caso particular, el intendente de Pilar, Diego Bechis, lo trasladó hacia el basural del pueblo, sin realizar previamente el proceso de exclusión de la tutela y recién con el traslado ya realizado comenzó el trámite de exclusión de la misma. El hecho fue convenientemente recurrido y el gremio ganó todas las instancias judiciales pero, según el comunicado: “el intendente se ha negado sistemáticamente a acatar los sucesivos fallos en su contra, incluido el del Tribunal Superior de Justicia”. Se presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero aún no se resuelve y el caso ya lleva más de dos años.

Por otro lado, Julio Juárez que es dirigente del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) fue trasladado por el ministro de Justicia de la provincia, Dr. Luis Angulo, sin realizar previamente el procedimiento de exclusión de la tutela. En la Justicia se presentaron los recursos oportunamente pero el traslado compulsivo se mantiene.

Desde la CGT Córdoba señalaron que hay más de diez casos referidos a miembros de la última conducción electa de UTA. En estos casos las empresas presentaron pedidos de exclusión de la tutela en diez juzgados distintos, los cuales fueron aceptados. En el comunicado la CGT Córdoba destaca que “lo curioso es que los diez juzgados resolvieron las cautelares interpuestas por las patronales que impiden a los compañeros ingresar a sus lugares de trabajo, con los mismos fundamentos y el mismo día”.