Casi once años después, ocurrirá el debate oral y público, en el cual se juzgará la responsabilidad de los imputados, sindicados con distintos grados de esponsabilidad en la tragedia. La explosión, que terminó con la vida de cuatro personas, ocurrió cuando un patrullero del CAP del Distrito 3 de la Policía se dirigía a barrio San Vicente, en donde se registraba un tiroteo.

Al lugar concurrió también la ambulancia y, según surgió de la instrucción, la causa del accidente fue una combinación entre graves falencias en las instalaciones eléctricas y la acumulación de gas medicinal, sumados a deficiencias en la ventilación del vehículo.
En 2009, el juez de Control Número 6, Agustín Spina Gómez, ratificó la requisitoria de elevación a juicio. En esa oportunidad, el magistrado confirmó la acusación a seis de los imputados, tres de ellos funcionarios municipales: el entonces subdirector a cargo del servicio 107, Claudio Gómez; el titular de Logística, Carlos Navarro, y el subencargado del área, Pablo Federico Olmos.

Como consecuencia del accidente fallecieron cuatro personas: los empleados del servicio Ada Camozzi (enfermera) y Gustavo Botta (médico), y los policías Rodrigo López y María del Valle José Padilla.
En las pericias, los técnicos revelaron que los tubos de oxígeno tenían pérdidas, que los sistemas de ventilación no funcionaban y que las instalaciones eléctricas no eran óptimas, lo que propició que la ambulancia se incinerara en menos de cinco minutos.

En junio de 2015, el debate seguía en suspenso y nuevos planteos judiciales impidieron que comenzara. El pedido de excepción de la acción penal fue uno de los principales recursos que se discutió en la audiencia preliminar. Fue planteado por José Cafferata Nores, abogado de uno de los responsables de la carrocera Valles, encargada del armado del vehículo siniestrado. La defensa advirtió de que las víctimas fueron indemnizadas en sede Civil y que, por lo tanto, el daño ya había sido resarcido. Así las cosas, y fundando el planteo en el nuevo Código Penal, reclamó sin éxito que se extinguiera la persecución penal.

Fuente: Comercio y Justicia