El nacimiento oficial del Comando Unificado Córdoba, CUC por sus siglas, fue creado el 25 de abril pasado cuando la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, firmaron un “convenio de cooperación para dar combate a la criminalidad y la violencia en Córdoba, que contempla la participación de fuerzas federales y provinciales”.

En la práctica, y según consta en el acta de su lanzamiento, comenzó a funcionar el 12 de ese mismo mes y está integrado por la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Fuerza Policial Antinarcotráfico. A partir de ese momento, la presencia de gendarmes en distintos “puntos calientes” de la ciudad comenzó a ser más frecuente.

Pero Córdoba no es una pieza suelta en la estrategia de seguridad de Bullrich. Antes, en marzo de 2016, fue el turno de Santa Fe. Y en diciembre de 2017 la funcionaria de Mauricio Macri lanzó Comandos Unificados en Neuquén, Río Negro y Chubut. A diferencia de los de Santa Fe y Córdoba, que fueron creados para “luchar contra la narcocriminalidad”, en las provincias patagónicas el objetivo fue “combatir a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y su “lucha insurreccional”.

En aquel momento, Bullrich definido a la RAM como “un grupo etnonacionalista que practica una violencia extrema y que no reconoce al Estado ni a la Constitución Argentina, ni a las provincias”. Organizaciones de Derechos Humanos denunciaron en aquel momento la creación de la figura de un ‘enemigo interno’ por parte del Gobierno nacional para intervenir en protestas a través de distintas Fuerzas.

El 17 de octubre había sido encontrado el cuerpo de Santiago Maldonado tras permanecer 78 días desaparecido. Y el 25 de noviembre, mientras el artesano y tatuador era velado, Rafael Nahuel era asesinado de un tiro en la espalda durante una represión de Prefectura contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Lago Mascardi.

Desde CORREPI explican que el uso de convenios con las provincias, es una herramienta para dirigir indirectamente a las Fuerzas de seguridad locales. “Es un eslabón más de la cadena de resoluciones que explican por qué sostenemos que la avanzada represiva que el Gobierno ha instalado hace casi un año es un verdadero estado de excepción”.

Apenas tres meses después de la creación del Comando Unificado Córdoba, el Gobierno nacional anunció la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Un documento firmado por más de 50 organismos internacionales y nacionales de Derechos Humanos, advirtió: “La llamada guerra contra el narcotráfico es utilizada en particular por Estados Unidos para favorecer la utilización de los ejércitos en la represión interna. Las intervenciones internas por parte de las Fuerzas Armadas, son utilizadas para controlar y reprimir la lucha de los trabajadores y el pueblo. No es casual que Macri y el gobierno de Cambiemos hablen de ‘narcotráfico’ y ‘terrorismo internacional’ con las mismas viejas excusas del imperialismo norteamericano buscando justificar la injerencia militar”.

Casualmente el nombre elegido por el ministerio de Seguridad para los Comandos Unificados proviene de Estados Unidos donde los Comandos de Combate Unificados (UCC por sus siglas en inglés) forman parte del Departamento de Defensa, y están compuesto por fuerzas de al menos dos Departamentos Militares.

El miércoles de la semana pasada el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco visitó la provincia de Córdoba para reunirse con representantes de las Fuerzas que integran el CUC. Fue la primera vez que participó en uno de los encuentros que ocurren habitualmente. Del Gobierno provincial estuvo su par, Alfonso Mosquera, quien asumió en reemplazo de Diego Hak, que renunció denunciando a su padre y en medio de una investigación sobre supuesto cobro de coimas con empresarios de locales noctuno.

En su visita, Burzaco recorrió además la autopista Córdoba-Carlos Paz y aseguró: “Con la Provincia de Córdoba venimos trabajando muy bien, cada vez con mayores niveles de entendimiento y creo que vamos a seguir aumentando presencia y accionar conjunto”.

Entre algunos puntos del currículum de Burzaco figuran que es hijo de un ex secretario de Medios de la presidencia de Carlos Menem; fue jefe de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri desde 2009 hasta 2011; en 2007 asesoraba al ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, cuando la Policía neuquina reprimió una huelga del sindicato docente ATEN y mató al maestro Carlos Fuentealba; y el 7 de diciembre de 2010, estuvo al frente de la represión llevada a cabo en el desalojo del parque Indoamericano que dejó dos muertos. También coordinó otros operativos represivos como los del Hospital Borda, la autopista Illia, la sala Alberdi del teatro San Martín (donde dos periodistas fueron heridos con balas de plomo) y el Parque Centenario.

Si bien la visita del secretario de Seguridad no fue dada a conocer previamente, los vecinos de la ciudad del Valle de Punilla subieron fotos a las redes sociales sorprendidos del despliegue de Gendarmería en la ruta, así como también en la terminal, donde se profundizaron los controles en la vía pública.

Consultada por La Nueva Mañana, María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advirtió sobre una avanzada represiva del Ejecutivo nacional tras el acuerdo firmado en abril pasado con el Gobierno provincial. “Es un eslabón más de la cadena de resoluciones que explican por qué venimos diciendo que la avanzada represiva del gobierno de Cambiemos ha instalado hace casi un año un verdadero estado de excepción”, explica Verdú.

En ese sentido, la abogada destacó que el uso de convenios con las provincias, como ocurre con los Comandos Unificados, es una herramienta para dirigir indirectamente a las Fuerzas de seguridad locales.

La letrada fue más allá al vincular la estrategia de seguridad de Cambiemos y las provincias con la intervención policial en Derecho y las denuncias de represión de los ambientalistas que se oponían al avance de la obra en la Autovía de Punilla.

“La intervención policial en una universidad nacional por más que sea hecha por la Policía, está enmarcada en una escalada de restricción de derechos y garantías públicas que está ocurriendo en todas las provincias. Este martes en Mendoza se va a tratar un proyecto de reforma del Código Contravencional que es mucho más represivo que el que ya existía. En Santa Fe se acaba de reformar el Código Contravencional y en Buenos Aires ocurre lo mismo”, aseveró.

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