La muerte del cachorro Chocolate, despellejado vivo en la ciudad de San Francisco el 2 de enero, marcó un antes y un después en la sociedad. No fue la primera vez en Argentina que un animal fue víctima de la violencia humana, ni tampoco la última. Sin embargo, algo estremeció a la opinión pública. Tal vez fue el contraste entre la indefensión de Chocolate y la crueldad del acto.

Resulta difícil sacar conclusiones, ya que la misma sociedad que salió a marchar por la muerte del cachorro, guarda silencio ante el Festival de Jesús María, donde cada año decenas de caballos son exhibidos en la pista como gladiadores del circo romano. Pareciera como si algunas violencias pudieran ser admitidas y otras no. Como si en lugar de existir un único discurso en repudio a todo tipo de agresión hacia cualquier ser, algunos se lamentaran por unas muertes y no por otras. De cualquier modo,  la repercusión del caso impulsó las iniciativas que buscan actualizar la ley de protección animal de 1954.

Días después que Chocolate falleciera en una veterinaria, en Córdoba sucedieron nuevos casos de violencia animal. En Villa Dolores, un hombre de 70 años colgó a un perro de un árbol porque le comía la comida. También en Villa Dolores, otro hombre golpeó con una maza a un gato, ocasionándole fractura de cráneo y la probable pérdida de un ojo. En barrio San Vicente, desconocidos ingresaron en el refugio del Grupo de Asistencia, Rescate y Readaptación Animal (Garra) y asesinaron a 37 perros. En la localidad Los Cerrillos, una perra preñada apareció ahorcada en un cementerio.

Así es como proteccionistas y abogados especializados en derecho animal comenzaron a pedir una “reforma urgente” de la ley 14.346, sancionada en 1954 y conocida como Ley Sarmiento.

En ese marco, el abogado de Villa Dolores, Christian Casas Cassataro, presentó un proyecto para actualizar dicha ley. Entre los principales puntos del texto figuran: el endurecimiento de las penas para quienes maltraten animales; la “incorporación de los animales como personas no humanas de derecho”; el cierre de los zoológicos; la creación de un registro nacional de mascotas; y la penalización del abandono.

En diálogo con La Nueva Mañana, Casas Cassataro señaló que cuenta con el apoyo de otros abogados en derecho animal, de organizaciones proteccionistas y del senador nacional Carlos Caserio, para introducir su proyecto en el Congreso de la Nación: “Estamos en contacto con profesionales y actores políticos de Buenos Aires para avanzar en este proyecto de reforma nacional a la ley 14.346, mal llamada ‘Ley Sarmiento’. Además de recibir ideas de Salta, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero, estoy en contacto con Carlos Caserio, quien se puso a total disposición para colaborar con nosotros”.

Por otro lado, el abogado de Villa Dolores, especificó que “es urgente reconocer a los animales como personas no humanas de derecho porque esto evitará prácticas eutanásicas y experimentos. Además, es necesario castigar el abandono y que las castraciones sean gratuitas”.

Otro de los puntos en los que Casas Cassataro hace hincapié es en la necesidad de cerrar los zoológicos en Argentina: “Tenemos que dejar de lado la exposición y explotación animal y crear áreas verdes idóneas para recuperar y rehabilitar animales que posteriormente puedan ser liberados en su hábitat natural. El proyecto que presentamos busca fomentar la creación de parques y reservas naturales, así como de santuarios para que los animales que no puedan recuperarse pasen sus días en lugares dignos”.

Cabe destacar que el abogado radicó una denuncia contra el director del Zoológico de Córdoba, Daniel Villarreal, que “se encuentra imputado por presunto maltrato animal reiterado por el estrés y la disminución del sistema inmunitario que estarían sufriendo algunas especies al estar enjauladas en espacios muy reducidos”.

Otros proyectos para reformar la ley actual

Algunos de los proyectos que buscan actualizar la ley contra el maltrato animal actual son el de la abogada Beatriz Torres que propone elevar las penas de dos a seis años. También la abogada Evangelina Pérez Mercau ha solicitado en la Legislatura “condenas ejemplificadoras”. Por otro lado, en los sitios de internet  JuntemosFirmas.org y Change.org existen numerosos pedidos de sanciones más duras por maltrato.