La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia declaró la validez de las intervenciones telefónicas del caso Maldonado que el magistrado Gustavo Lleral había declarado nulas e inconstitucionales. Además, revocó en todos sus términos lo dispuesto en aquella sentencia que ordenaba la destrucción total de los registros.

De este modo, el tribunal respaldó la facultad y legitimidad del juez Guido Otranto para ordenar captaciones telefónicas a testigos por fuera de un proceso penal y sin que éstos fueran imputados, en el marco constitucional de un hábeas corpus para hallar a Santiago Maldonado.

No obstante, el juez Javier Leal de Ibarra planteó su disidencia respecto a la conveniencia de intervenir el teléfono del hermano de la víctima, Sergio Maldonado, debido a que "la información que podía recibir de la comunidad mapuche se podía obtener a través del resto de las intervenciones ordenadas".

Los celulares intervenidos, además del de Sergio Maldonado, fueron los de  Claudina Pilquiman y de Ariel Garzi, por firmes indicios de que habían mentido en sus declaraciones testimoniales. También el de Marcela Anarda Stocovaz, la última persona que habló con Santiago, según el registro de llamadas.

En el caso de Sergio, la intervención se ordenó por una comunicación que mantuvo con Claudina Pilquiman, cuyo teléfono entonces estaba intervenido, y que demostró que el hermano de Santiago manejaba información que le trasmitían los mapuches, que no había sido aportada a la causa.