Este miércoles 4 de julio a las 14 realizarán un abrazo solidario por las familias que se vieron afectadas tras el desalojo ocurrido hace más de un mes atrás en Estación Juárez Celman.

Barrio Parque Esperanza fue desalojado el viernes 1 de junio sin orden judicial y de las 120 familias que allí vivían, 50 quedaron sin lugar a dónde ir. Es por ello que desde ese día viven hacinadas en el único lugar donde encontraron refugio: la capilla del barrio.

"Nos abrazamos porque no queremos que ningún barrio de nuestro país sufra lo que pasamos de manera violenta, inconstitucional, inhumana. Un abrazo que diga nunca más un desalojo ilegal. Convocamos a todxs a abrazarnos y discutir ésta ley en el nivel provincial, por el derecho a la tierra y la vivienda de todos los habitantes de asentamientos populares unidos", dicen las familias agrupadas en Jóvenes Al Frente, la Cooperativa de Vivienda 12 de Junio y la Asamblea de vecinxs de Parque Esperanza.

Además, destacan que el abrazo tiene lugar en el marco de la votación en el Congreso Nacional de la ley de Integración socio urbana y regularización dominal. "Esta ley permitiría la urbanización de los asentamientos donde viven tres millones y medio de personas y expropiaría los terrenos de los barrios que están sobre propiedad privada, es decir el 60% de ellos. Uno de los puntos a tener en cuenta es que en primera instancia permitiría el freno a desalojos por el tiempo de cuatro años en barrios que se encuentren en instancias de litigio judicial", explican los vecinos.

Según detalla el portal Desafíos Urbanos, entre las pruebas presentadas en la fiscalía 3, turno 5, a cargo de Patricia García Ramírez, relatan que durante el desalojo se despojaron más de 120 hogares, destrozaron y derribaron más de 100 unidades habitacionales, quedaron más de 50 niños refugiados en una capilla, se produjeron incendios dolosos, se detuvo a once personas, se impidió  la libertad ambulatoria  de cientos de personas al no permitir el ingreso al predio cuando pretendían rescatar sus pertenencias y familiares, como a legisladores que pretendían ingresar para solicitar que se les exhibiera alguna orden.

Además, los vecinos denunciaron la presencia de la intendenta de Juárez Celman Myriam Prunotto (UCR-Pro) en el lugar “dando órdenes a los policías y a las topadoras, para que prendan fuego todo”.

Reunión con la Provincia

Sergio Tocalli, ministro de Desarrollo Social, recibió este viernes a Andrés Villalba, presidente de la Cooperativa 12 de Junio, al abogado de la misma, Joaquín González, al padre Julio Monge, párroco de la capilla de Juárez Celman, al Arzobispo Auxiliar de Córdoba, Pedro Torres, y a funcionarios de la Dirección General de Hábitat de la Provincia.

En dicha reunión, y según publica Al Revés, el Gobierno aceptó hablar de tierras. “Hay una propuesta para conseguir lotes para las familias más necesitadas. Es una propuesta abierta, a trabajar, que se complementaría con la firma de un convenio con la Cooperativa para que en el transcurso de un año, dos, ésta pueda acceder a créditos y ofrecer soluciones al resto de sus integrantes”, señalaron los vecinos.

Desalojo ilegal

En diálogo con VillaNos Radio el abogado de las familias, Joaquín González, sostuvo que se trató de un desalojo ilegal. “Había una medida cautelar que señalaba que antes del desalojo, el Estado debía tomar las garantías y recaudos necesarios para el bienestar de niños y mujeres que están en riesgo y que pudieran verse afectados a un riesgo mayor por el accionar del Estado. Por eso tenían que notificar con tiempo suficiente y tomar medidas adecuadas para evitar que eso suceda”, dijo el abogado. Y remarcó: “Esa era una obligación que el Tribunal Superior le había impuesto al Estado provincial”.

El letrado recordó que el juez Guerrero Marin había librado una orden de desalojo el 28 de mayo para que se ejecute el 30 de mayo. Esa orden no se ejecutó porque la Policía de la provincia de Córdoba estaba afectada al operativo del paso de la Marcha Federal de los movimientos sociales por Córdoba. El jefe de policía le informa de esto al juez Guerrero Marín y el desalojo se suspende, pero sin definir una nueva fecha.

“Se ve que entre ellos se avisaron, pero se olvidaron de notificar a la gente”, expresó el abogado y subrayó que “estamos ante una manipulación de la legalidad que violenta el Estado de derecho”.

Inscripto en el Renabap

Con la cooperativa como herramienta jurídica, solicitaron al Estado provincial la expropiación de esas once hectáreas de tierra ociosa, propiedad de dos privados y, en una pequeña parte, de Caminos de la Sierras. Durante cuatro años tuvieron múltiples reuniones con funcionarios estatales para acceder a un pedazo de tierra para poder vivir. 

Con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016, barrio Parque Esperanza pasó a ser uno de los 4100 barrios populares de Argentina que el Estado Nacional se comprometió a expropiar, legalizar y urbanizar, según publica Al Revés.

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