El Frente Cívico pidió reunirse con Moyano por la designación de Leiva en EPEC

El legislador Juan Pablo Quinteros del Bloque del Frente Cívico presentó un proyecto expresando la preocupación del Poder Legislativo ante la situación del Fiscal de la Cámara de Acusación de la primera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Córdoba a cargo del Dr. Jorge Osvaldo Leiva, en relación a familiares directos designados en el ámbito de la administración pública provincial. 

La iniciativa iba a ser debatida en la sesión de hoy pero el legislador Quinteros resolvió levantar el tratamiento a la espera de la confirmación de una reunión que el Frente Cívico le pidió al Fiscal General de la provincia, Alejandro Moyano, que podría realizarse en el día de mañana.

La idea del legislador juecista es conocer la postura del Ministerio Público de la provincia respecto de un tema “de gravedad institucional inusitado”, sostuvo Quinteros en diálogo con La Nueva Mañana.

Se trata de la designación que la administración provincial hizo al nombrar en un cargo jerárquico nuevo, creado especialmente, al hijo del fiscal de la Cámara de Acusación Jorge Leiva, quien recientemente resolvió a favor del Gobierno de Córdoba la acusación de presuntas coimas por parte de empresas brasileñas para la obra de los gasoductos troncales.

Jorge Sebastián Leiva, de 39 años, ingresó a Epec el 11 de diciembre de 2017 con el cargo de jefe de departamento de sistemas de gestión, de la gerencia de generación, cargo que no existía en la empresa.

“Sospechamos que hubo un pago de favores”. Aunque desde Epec informaron que el hijo del fiscal tiene el título de ingeniero nuclear, egresado del Instituto Balseiro de Bariloche, ratificaron que su nombramiento tuvo el aval del directorio aunque se trata de una designación inusual.

El padre de Leiva, fiscal de la Cámara de Acusación, ocupa una posición estratégica en el Ministerio Público provincial, el organismo que debería actuar en defensa de los intereses de los cordobeses ante los tribunales, de ahí el pedido de audiencia con el Fiscal General de la provincia.

En esa función, “Leiva tomó una decisión trascendente para el gobierno de Juan Schiaretti el pasado 11 de abril: ordenó archivar la causa que investigaba si el exfiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo había incurrido en encubrimiento en la investigación sobre el supuesto pago de una coima de 36 millones de dólares por la obra de los gasoductos troncales que se ejecuta en la provincia” sostiene Quinteros en los fundamentos del proyecto que hoy tomó estado parlamentario en la Unicameral.

Esa decisión de archivar el caso pese a que, el 9 de marzo, la jueza de Control María Celeste Ferreyra había dictaminado que el exfiscal Hidalgo sí había incurrido en encubrimiento porque no había actuado para tratar de dilucidar si la coima existió.

Leiva como representante del Ministerio Público debería haber instado a la acción en representación del interés de los ciudadanos cordobeses y al pedir el archivo del caso, no le dejó a la jueza opción de profundizar la investigación y por esto, ella debió archivarla.

En paralelo, la designación se produjo al mismo tiempo que el gobierno provincial decidió avanzar sobre el Convenio Colectivo de la Empresa Energética Estatal para reducir costos en los beneficios de “privilegio” que gozan los empleados.

“Por estas razones vemos con mucha preocupación el desempeño del Fiscal y que desde el Ministerio Público Fiscal no se toman medidas al respecto. Se encuentran en juego las Garantías Constitucionales de los justiciables” finalizan los argumentos del proyecto de declaración de Quinteros.