Unión por Córdoba pidió una moción de preferencia para aprobar el próximo miércoles el proyecto de Ley enviado por el gobernador Juan Schiaretti disponiendo el carácter obligatorio para los entes distribuidores o quienes fueren responsables de la facturación que solo podrán contener los cargos por el consumo realizado por el usuario en las prestaciones de servicios públicos domiciliarios .

De esta manera, los servicios deben ser facturados de manera independiente a cualquier otro rubro que resulte ajeno o no asociado a su estricta provisión sumado a los cargos por mayor consumo o subsidios además del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Ingresos Brutos, si correspondiere.

Para los procedimientos de prevención y solución de conflictos, se instruirá al Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSEP) como autoridad de aplicación, con facultades para dictar las normas complementarias necesarias para el acabado cumplimiento de lo propiciado.

La iniciativa contempla además un régimen sancionatorio ante la verificación del incumplimiento establecido en la ley estipulando penas como: Apercibimiento; Multas equivalentes de diez a diez mil veces el monto facturado indebidamente; La pérdida de conceciones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales que gozare el incumplidor.

De acuerdo al texto del proyecto, las sanciones serán aplicadas en los términos que se fijen en la reglamentación de la norma previo a la realización de un sumario por parte del ERSEP. En tanto, la graduación de las multas se efectuará de acuerdo a la gravedad y reiteración de las conductas tomando como base las facturaciones netas mensuales del prestador involucrado, conforme lo determine la reglamentación.

En el mensaje de elevación del proyecto a la Unicameral, el gobernador sostiene que la iniciativa tiene por finalidad garantizar los derechos de los usuarios y consumidores a fin de evitar distorsiones de información y en el monto a abonar producidas por conceptos ajenos a la prestación del servicio.

"Por ello, los servicios deben ser facturados de manera independiente a cualquier otro rubro que resulte ajeno o asociado a su estricta provisión. En síntesis se propicia con este proyecto de ley garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa, relativa al consumo de los servicios públicos esenciales y evitar distorsiones en la información y el monto a abonar sin perjuicio de que está garantizado el reconocimiento de las autonomías y potestades tributarias de municipios y comunas siempre que no tiendan a distorsionar lo referido al derecho del usuario de pagar y cancelar sus consumos de servicios públicos domiciliarios esenciales", argumentó el gobernador en los considerandos del proyecto.

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