De acuerdo a fuentes del oficialismo y de no mediar una contraorden del ejecutivo, la Unicameral convertirá en ley, durante la sesión de mañana, el proyecto de ley que establece la obligatoriedad del concurso público para el ingreso como agente del Estado en cualquiera de las áreas de la administración provincial,  en momentos de conflicto con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec)  y el gremio de Luz y Fuerza por la decisión del ejecutivo de rediscutir el Convenio Colectivo de Trabajo.

Con esta iniciativa el gobierno provincial intenta modificar las condiciones de ingreso en toda la esfera estatal en general y en la EPEC en particular, donde actualmente se rige por una bolsa de trabajo desde donde con acuerdo del sindicato se realizan las designaciones a la empresa de energía, siendo este uno de los puntos que el gobierno quiere modificar dentro de la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo para reducir el gasto de la empresa estatal en 1.100 millones  de pesos.

Para justificar el recorte voceros del Centro Cívico aseguran que esta cifra  alcanzaría para pagar un mes de la compra de energía a Cammesa mientras que desde la oposición denunciaron que el monto equivale a la cuota mensual que el gobierno de la provincia de Córdoba abona por la construcción de la Central de Pilar del Bicentenario realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Concretamente lo que el gobierno busca ajustar es el costo que le ocasionan a la provincia los cuatro puntos del convenio colectivo de trabajo, la electricidad gratuita para los empleados, las vacaciones extendidas, el pago durante más de un año de las enfermedades inculpables y los aportes al fondo compensador sindical que sumados requieren de un gasto de 660 millones de pesos. Los restantes 400 millones se ajustarían a través de la reducción de las horas extras, suplencias, viáticos y otros ítems.

En los fundamentos del proyecto el gobernador Juan Schiaretti expresa que la propuesta no es más que el cumplimiento de los artículos 16 de la Constitución Provincial en el que se establece que “todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad” y el 174 que dispone en igual sentido que “el ingreso a la administración pública se hace por idoneidad, con criterio objetivo en base a concurso público de los aspirantes, que asegure la igualdad de oportunidades. La ley establece las condiciones de dicho concurso y los cargos en los que por la naturaleza de las funciones, deba prescindirse de aquél”.

En este sentido  el artículo uno de  la norma enviada por el gobernador  establece “que el ingreso de personal para la prestación de servicios en carácter permanente, sea en el Sector Público Provincial en los términos del artículo 5° de la Ley N° 9086, sea en el sector público financiero, como así también en todo organismo dependiente o controlado por el Estado provincial, bajo cualquier modalidad y cualquiera sea el régimen legal que regule la relación jurídica laboral con sus dependientes, se efectuará por concurso público".

En los considerandos de la iniciativa el poder ejecutivo señala que “no existe otro mecanismo más idóneo que el concurso público para garantizar la excelencia en el servicio, lo que es abalado por la experiencia tanto a nivel local, nacional e internacional, en el que la carrera administrativa, cualquiera que sea el ámbito estatal en el que se desenvuelva principia por un elemento básico cual es la demostración de capacidad e idoneidad para su desempeño.

Con este principio el artículo segundo del proyecto de ley determina que "en aquellos organismos cuyas relaciones laborales se encuentren regidas por leyes, estatutos o convenciones colectivas de trabajo que prevean una modalidad distinta de la establecida en la presente ley, deberán adecuar y/o adaptar dicho régimen para hacer efectivo el ingreso por concurso público". 

De esta forma el gobernador señala en los fundamentos que “el estado también abarca muchos órganos que en determinados aspectos de su vida pública son regulados por el derecho privado, lo que tiene su fundamento en el objeto propio de determinadas organizaciones, lo que no importa abstraerlos de las consideraciones generales” señalando además que “dichos organismos no se encuentran al margen de las  normas de derecho público en estos aspectos, y como tal deben adecuarse y adaptarse al ordenamiento estatal”.

El gobernador Juan Schiaretti junto a parte de su gabinete firmó el lunes de la semana pasada el proyecto y lo giró a la Legislatura.