La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolverá en un mes si revoca el procesamiento del ex presidente Carlos Menem, como corolario de la audiencia realizada este jueves en la causa por la explosión de 1995 en la Fábrica Miitar de Río Tercero, en la que se encuentra imputado como "instigador" del delito de "estrago doloso agravado por muerte de personas’.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba llevó adelante la audiencia oral y pública de apelación en el marco de la causa “Legajo de Apelación de Menem, Carlos Saúl y otros s/ incendio y otro estrago con muerte de persona”.

El tribunal formado por los jueces Eduardo Ávalos, Graciela Montesi e Ignacio María Vélez Funes escuchó el informe del abogado Omar Daer, defensor de Menem, quien había apelado la prisión preventiva sin prisión del ex presidente dictada el 12 de agosto de 2013 por el juez Federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa.

En ese dictamen, Ochoa acusó al ex mandatario de haber sido instigador del delito de estrago doloso agravado por muerte de persona en la causa que investiga las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, en el sur de Córdoba.

Durante la audiencia, Daer pidió el sobreseimiento de Menem con argumento de que la causa prescribió por haberse excedido el plazo razonable para su juzgamiento.

El defensor de Menen adujo además que no está probada la vinculación entre la causa por la venta de armas y la explosiones ocurridas en la fábrica militar cordobesa.

A su turno, el fiscal general, Alberto Lozada, pidió que se confirme el procesamiento del ex presidente, como también lo hicieron los abogados querellantes Ricardo Monner Sans, Aukha Barbero y Horacio Gustavo Viqueira (defensores de María Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti).

Tras escuchar a las partes, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio, cuyo plazo máximo lo fijó en un mes para dictar resolución con sus fundamentos.

Las explosiones ocurrieron el 3 de noviembre de 1995, con el resultado de siete muertos y más de 300 heridos.

De acuerdo a los distintos fallos judiciales, la explosión sucedió a partir de una acción “intencional, programada y organizada”, con el objeto de “ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”, como maniobra para encubrir el comercio ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

El actual senador nacional peronista riojano tiene una condena de siete años de prisión por el contrabando de armas, aunque esa sentencia se encuentra en instancia decisiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Fuente: Télam