Córdoba Miguel Perín 10/04/2018

Licitan obra hídrica para prevenir inundaciones en el noreste cordobés

La Nación y la Provincia de Santa Fe suscribirán un acuerdo para sistematizar la cuenca Canal Vila–Arroyo Cululú, que permitirá desagotar las aguas de gran parte del departamento San Justo, en el este cordobés.

El gobierno de Santa Fe confirmó que este lunes 9 de abril, se firmará un convenio entre el Gobierno nacional y el Estado santafesino, mediante el cual se llamará a licitación para la obra de sistematización de la cuenca Canal Vila–Arroyo Cululú, un proyecto de singular importancia para Córdoba ya que aliviará el riesgo de inundaciones como las que padecieron en la última década las localidades del noreste del departamento San Justo.

La inversión que demandará la adecuación de los canales para desagotar una amplia cuenca del oeste santafesino y el noreste cordobés ronda los 450 millones de pesos. La fecha de apertura de la licitación está establecida para mediados de mayo.

De este modo, el Gobierno nacional completa el apoyo financiero para la realización de obras largamente reclamadas en el interior de la provincia y sobre todo en la zona limítrofe entre Córdoba y Santa Fe.
Vale apuntar que actualmente está en marcha la sistematización del Canal San Antonio, que corre a lo largo del límite interprovincial y su concreción beneficia a gran parte del sudeste cordobés.
La intervención en la cuenca Canal Vila–Arroyo Cululú es otra de las obras en que las provincias de Córdoba y Santa Fe debieron ponerse de acuerdo para encarar una solución eficaz a las recurrentes inundaciones que padeció una extensa parte del territorio de ambas jurisdicciones, caracterizada por el enorme potencial productivo.

Una larga historia de desencuentros

La topografía del noreste cordobés y el oeste santafesino no deja dudas, la pendiente natural del terreno lleva el agua que precipita en ese amplio territorio hacia el río Salado. La reiteración de serias inundaciones en una zona en la que coinciden la principal cuenca lechera de Latinoamérica y suelos aptos para la agricultura generó enormes pérdidas económicas que se sintieron en el movimiento cotidiano de las localidades que allí se ubican. Todo esto se dio debido a una simple razón: la falta de implementación de un convenio entre las provincia de Córdoba y Santa Fe, mediante el cual las aguas provenientes del núcleo urbano formado por las ciudades de San Francisco y Frontera debían derivar siguiendo la pendiente natural ingresando al territorio santafesino hacia el sistema del Canal Vila–Arroyo Cululú.
La cuestión ya estaba en el tapete a fines de la década del ´70, pero sin encontrar la materialización de las soluciones posibles. A mediados de la primera década de este siglo se anunció un plan de obras en el que tuvo particular injerencia el por entonces secretario de Recursos Hídricos, Fabián López.
Ese proyecto que, según se indicó en aquel momento había sido consensuado con el gobierno santafesino, consistía en el mejoramiento de la conexión de los desagües pluviales del sector norte de la ciudad de San Francisco hacia la cuenca inferior del sistema de canales Vila–Arroyo Cululú, en territorio santafesino, que desagua en el río Salado.

Idas y vueltas mientras la gente estaba inundada

Las obras se iniciaron, pero en 2008 se paralizaron los trabajos en la zona limítrofe. El argumento para que ello ocurriera era que no se había instrumentado el convenio entre ambas jurisdicciones autorizando el caudal de las aguas que saldrían desde territorio cordobés hacia la provincia de Santa Fe.
En diciembre del 2013 los propietarios de campos ubicados en el ejido de localidades cordobesas, como Colonia Iturraspe y Freyre, y santafesinas como Coronel Fraga, Vila, Bauer y Sigel, Colonia Cello y Josefina se autoconvocaron para reclamar una solución a las inundaciones generadas por lluvias de un volumen inusitado y la falta de infraestructura para derivar esas aguas.
Fruto de este reclamo se firmó un acta que fijó un plazo de 90 días para que los gobiernos de Córdoba y Santa Fe se pusieran de acuerdo sobre las obras necesarias para impedir los anegamientos que hoy afectan la región. En 2014 se recomenzaron las conversaciones y al año siguiente se firmó el convenio para realizar las obras en territorio cordobés, que no llegaron a terminarse por la falta de continuidad en territorio santafesino. Paralelamente, en distintas localidades cordobesas se comenzaron a diseñar planes directores de los desagües pluviales y en las zonas rurales se trabajó en las redes de canales.

Una esperanza de solución

La decisión del Gobierno nacional de intervenir en el financiamiento de obras interjurisdiccionales rompió la inercia que se traía desde tiempo atrás. El desinterés mostrado por la gestión anterior para ocuparse de cuestiones fundamentales para el interior del país ya pasó a la historia. La participación en una mesa de diálogo tripartito entre Nación, Córdoba y Santa Fe está empezando a dar resultados.
Los trabajos iniciados meses atrás en el Canal San Antonio fueron un primer indicador. La noticia del llamado a licitación de las obras en territorio santafesino resulta un aliciente para los habitantes del noreste del departamento San Justo, ya que su concreción aparece como un principio de solución para las inundaciones. Además, es el principio del fin de largas décadas de inoperancia de todos los niveles del Estado y falta de voluntad política para encarar acciones concretas en beneficio de la economía regional y la calidad de vida de los habitantes de la zona limítrofe entre Córdoba y Santa Fe.


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