El fiscal Jorge Di Lello imputó a Graciela Ocaña por presunto enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia que le hizo el referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera.  Mientras que, por su parte, la diputada nacional de Cambiemos declaró que la causa se origina en "mentiras mediáticas".

Según informaron fuentes judiciales, la principal acusación de Vera contra Ocaña es que la diputada declaró ser propietaria de una parcela de mil metros cuadrados en el barrio privado Terravista en General Rodríguez, valuada en 900 mil pesos, cuando en realidad poseería allí "una mansión valuada en casi un millón de dólares".

"Celebro que Di Lello haya abierto una causa, para poder ponerle fin a las mentiras mediáticas de Vera y Hugo Moyano. Por eso me presenté espontáneamente ante el fiscal, para entregarle toda la información y documentación necesaria para que Vera deje de ensuciar mi imagen con denuncias falsas", expresó Ocaña.

De esta manera, la diputada vinculó la presentación judicial a las denuncias que viene realizando contra Moyano y las supuestas "mafias sindicales". Ocaña señaló que espera que el líder camionero "haga lo mismo de una vez por todas, que se presente a la justicia y se defienda ante los tribunales, en vez de mandar a sus amigos a patotear y denunciar falsamente".

En el marco de la causa, Di Lello le solicitó al juez federal Julián Ercolini que realice una batería de medidas de prueba entre las que solicitó que se le pida a la Oficina Anticorrupción (OA) las declaraciones juradas de la diputada nacional. El letrado también solicitó que se les pida a los registros de la propiedad de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles y terrenos a nombre de Ocaña, según informaron fuentes judiciales. 

Otra de las medidas solicitadas por el fiscal fue que las distintas legislaturas en las que trabajó Ocaña informen cuánto percibió de haberes a lo largo de su carrera. "Es llamativo tan brutal incremento (del patrimonio) ya que Graciela Ocaña, durante los últimos casi veinte años, el único trabajo que tuvo es en el Estado", había dicho Vera tras presentar la denuncia a fines del febrero. 

Entre los argumentos de la denuncia de Vera, también se cita un incremento del patrimonio de la legisladora, a partir de la declaración jurada de 2016 ante la Oficina Anticorrupción, "ya que en un año es notable el incremento patrimonial". Y detalla: "Pasó de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46, aclarándose que había adquirido deudas por 629.714,03 pesos".

Fuente: Télam