La Corte Suprema cerró una causa en la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había denunciado a la dirigente de “1País” Margarita Stolbizer y al juez federal Claudio Bonadio por un supuesto complot, con estafa procesal incluida, para movilizar en tribunales causas judiciales con un objetivo final: ponerla presa.

El expediente recorrió todo el espinel judicial con una velocidad inusitada: en poco más de un año pasó por la primera instancia, la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte. La denuncia ya está definitivamente muerta y el Poder Judicial le dio la razón a Stolbizer y Bonadio.

La ex presidenta acusó a ambos de haber complotado, incluso filtrando información reservada obtenida en un allanamiento judicial, para complicarla judicialmente. “Una maniobra gestada y pergeñada” por Stolbizer y Bonadio para “generar escándalo en los medios de comunicación, con la formulación de falsas imputaciones, para perseguirla y privarla de su libertad”, embistió.

“En un primer momento -el 10 de noviembre de 2014- Stolbizer efectuó una denuncia que dio origen a la formación de la causa ‘Hotesur’ en la que Bonadío, como juez instructor, realizó numerosos allanamientos”. Pero Bonadio fue apartado de esa causa el 16 de julio de 2015 “debido a la comisión de distintas irregularidades” y la causa recayó finalmente en el juzgado de Julián Ercolini. Poco después de ser apartado de la causa ‘Hotesur’, Bonadio emprendió “una nueva pesquisa, la cual giraba en torno a eventuales anomalías vinculadas a la firma ‘Los Sauces’, investigación iniciada precisamente por otra denuncia de Stolbizer. De esta manera, quien llevara adelante en un principio la investigación sobre aquel primer expediente y fuera apartado por esta Alzada, terminó retomando su intervención, reeditando el mismo objeto procesal de aquella pesquisa, aquí bajo el nombre de ‘Los Sauces’, y disponiendo la realización de nuevos allanamientos, entre ellos uno que ya se había encomendado anteriormente, el del Estudio del contador Manzanares”, describió el ex camarista federal Eduardo Freiler, según se desprende del expediente.

“En esa segunda oportunidad se secuestró la copia de una planilla que reflejaba movimientos bancarios de la familia Kirchner. Y cinco días después de ese registro, Stolbizer efectuó una nueva presentación, denunciando a Cristina Fernández por la posible comisión de 3 delitos: lavado de activos (‘extraños’ movimientos bancarios en las cuentas de las diferentes empresas de la familia Kirchner); omisión de datos en DDJJ (existencia de u$s 5.000.000.- en cajas de seguridad, que nunca habrían sido declarados) y enriquecimiento patrimonial a través de un tercero (cuentas bancarias a nombre de su hija Florencia Kirchner, accionista minoritaria en diferentes empresas de la familia)”.

El eje central de la denuncia formulada por Fernández de Kirchner indicaba que esa documentación, de “carácter reservado, habría sido entregada por Bonadio a Stolbizer”, según publicó este viernes Tiempo Argentino.

Poco antes de morir, en abril de 2017, el fiscal Patricio Evers consideró que los hechos denunciados por la ex presidenta no constituían delito. La jueza María Servini sobreseyó a los denunciados y la Cámara Federal, con los votos de Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, confirmó esa decisión. CFK acudió entonces hasta la Cámara de Casación, pero allí los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma no sólo ratificaron el sobreseimiento sino que, además, obturaron la posibilidad de recurrir ante la Corte.

La ex mandataria llegó, no obstante hasta el máximo tribunal mediante un recurso de “queja”, pero el martes pasado los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz declararon “inadmisible” la pretensión de reabrir la investigación. La decisión tiene fuerza de “cosa juzgada”.