El Gobierno lanzó un retiro voluntario para achicar la planta del Instituto Nacional de Vitivinicultura
El Gobierno nacional lanzó otro programa de retiro voluntario en el Estado, destinado en este caso al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), para reducir su personal de planta permanente que cuenta con 385 empleados.
La iniciativa se enmarca en la política de desregulación económica y reforma del Estado impulsada por el Ejecutivo que busca el achicamiento del Estado.
El programa está dirigido exclusivamente al personal que integra la planta permanente del INV. Sin embargo, la normativa aclara que la presentación de la solicitud no otorga derecho automático a su aprobación, quedando su otorgamiento sujeto a la evaluación final del organismo.
Entre los parámetros y condiciones que regirán para acceder al retiro se determinó que quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 65 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.
Los empleados que accedan al retiro voluntario percibirán una gratificación única extraordinaria de egreso junto a la liquidación final de haberes. El monto de la compensación varía según la edad del trabajador computada al 13 de noviembre de 2026.
Los empleados de hasta 63 años inclusive recibirán el 100% de la remuneración mensual habitual por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses, con un tope máximo equivalente a 24 sueldos. Mientas que aquellos que tengan 64 años, percibirán el 100% de la remuneración mensual por año de servicio o fracción mayor a tres meses, con un tope máximo de 12 sueldos.
Para calcular la antigüedad válida solo se computará el tiempo transcurrido desde el ingreso formal a la planta permanente del INV. Se excluye expresamente del cálculo el desempeño previo como becario, personal transitorio o contratado bajo el Artículo 9° de la Ley 25.164, así como los años en la administración pública que ya hubieran sido indemnizados en un retiro anterior.
La base salarial de cálculo comprenderá únicamente los conceptos remunerativos habituales y permanentes, excluyendo el aguinaldo, asignaciones familiares, viáticos, movilidad, guardería y pagos extraordinarios o eventuales.
El esquema de cancelación financiera establece que las gratificaciones de hasta $40.000.000 se abonarán en un pago único dentro de los 30 días posteriores a la fecha de cese. Aquellas que superen los $40.000.000 se liquidarán en cuotas mensuales: una primera cuota de $40.000.000, una segunda de hasta $30.000.000 y una tercera cuota para cancelar el saldo remanente.
Paralelamente, la medida estipula la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes al personal que se desvincule, con excepción de las vacantes con función ejecutiva previstas en la estructura orgánica vigente del INV.
Los interesados deberán formalizar su solicitud a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) hasta el 30 de noviembre de 2026, inclusive. A la nota deberán adjuntar el Certificado de Antecedentes Penales y las declaraciones juradas sobre la inexistencia de pleitos o sumarios patrimoniales.
Tras el cierre de inscripción, el Departamento de Administración de Recursos Humanos contará con 15 días hábiles para emitir un informe técnico de admisibilidad, tras lo cual la Presidencia dictará el acto resolutivo definitivo en un plazo de 30 días hábiles.
Asimismo, quienes adhieran al régimen quedarán inhabilitados para volver a desempeñarse en el Sector Público Nacional bajo cualquier modalidad de empleo o contratación por el término de 5 años desde la fecha de baja. La única excepción permitida por el reglamento es el ejercicio de cargos docentes en Universidades Nacionales.
Fuente: NA