Este martes la causa por la investigación por la muerte de Santiago Maldonado, tras permanecer desaparecido durante 78 días, sumó un nuevo capítulo, en la avanzada que desde el año pasado intenta llevar adelante el Gobierno nacional contra los abogados Carlos "Chuzo" González Quintana y Fernando Cabaleiro, quienes denunciaron la represión hacia el pueblo mapuche ante la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos).

Tras solicitar y ser aceptada como querellante en la causa, la cartera de Patricia Bullrich, acusó a los letrados Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana, integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Córdoba al momento de presentar sus informes ante la CIDH, de haber engañado al tribunal internacional con una falsa denuncia con estafa procesal.

El ministerio de Bullrich les imputa a los abogados la posible comisión de seis delitos: "Propiciar fraudulentamente sanciones políticas contra el Estado argentino, inducir a sufragar en contra del gobierno nacional, falsa denuncia, estafa procesal, asociación ilícita y usurpación de títulos y honores".

La denuncia fue firmada y presentada por el penalista Fernando Soto que ahora actúa en representación del Ministerio de Seguridad, en el planteo solicita que se investigue además a las "personas que, necesariamente, han intervenido como instigadores, coautores, partícipes o encubridores" de esos delitos, según publicó La Nación ayer.

Le imputan a González Quintana la usurpación de títulos y honores (art. 247) al haber firmado sus escritos como "abogado, APDH-Córdoba", sin especificar su real pertenencia a la ignota Asociación Permanente de Derechos Humanos. Ello, según se sostiene, "indujo a error al tribunal" internacional, que lo legitimó como parte activa del proceso a pesar de que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos lo había intimado a que "dejara de invocar el nombre de la APDH", concluye la querella.

"Tras una primera presentación ante la CIDH en agosto pasado por la "desaparición forzada" de Maldonado, Cabaleiro y González Quintana ampliaron su denuncia contra el Estado nacional al elevar un informe que contenía el supuesto testimonio del mapuche Pilquiman, al que bautizaron como testigo E, esgrimiendo que lo habían "obtenido en forma directa" y presencial. En ese informe, Pilquiman afirmaba haber visto cómo Maldonado era apresado por tres efectivos de Gendarmería el día de su desaparición en Cushamen", dice el artículo publicado por el diario porteño.

A la vez que agrega que "el 9 de diciembre pasado el testigo E formalizó su única declaración testimonial ante el juez Gustavo Lleral y "contradijo seriamente y en lo fundamental" la versión aportada por los letrados, a los que se les imputa haber falseado hechos arrogándose, además, la representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, para lograr mediante un fraude sanciones contra el país. Oportunamente -dice la demanda-, la APDH desmintió tal representatividad".

Ahora, quien "desmintió tal representatividad" fue la APDH nacional, no la de Córdoba, que por el contrario emitió un comunicado, de carácter urgente, diciendo que González Quintana sí había formado parte de ella. 

En diálogo con LA NUEVA MAÑANA, González Quintana, explicó que "con esta denuncia se ha atacado al organismo de la APDH Córdoba. Más allá de la profundización de la persecución con nosotros, ahora van un paso más allá y el blanco del ataque es el organismo vivo".

Por tal motivo, este miércoles los integrantes de la APDH Córdoba se reunirán de forma extraordinaria, para lanzar una denuncia ante la CIDH pidiendo la protección de sus dos abogados.

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