País Redacción La Nueva Mañana 06/03/2018

El "Tigre" Acosta entre los presos "sugeridos" para salir de prisión

Integra un listado de internos enviado a jueces por estar en condiciones de acceder a la libertad condicional o a la prisión domiciliara con pulsera electrónica.
Entre los presos sugeridos para obtener el beneficio de la libertad condicional está "El Tigre" Acosta, jefe del Grupo de tareas de la ESMA. Foto gentileza Infobae.

Jorge "El Tigre" Acosta y Julio "el Turco Julián" Simón, entre otros detenidos por lesa humanidad, además de uno de los integrantes del Clan Puccio, homicidas, violadores y condenados por robo, son los presos "sugeridos" por el Gobierno nacional para que salgan de prisión bajo libertad condicional o vayan a prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Así consta en el listado de 1.111 detenidos que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le envió a fines de enero a jueces penales para que analicen si les otorgan ese beneficio. El portal Infobae difundió la información al haber accedido al listado y a los motivos, lo que causó resistencia entre los magistrados.

Son ocho listados con distintas categorías de detenidos en el sistema federal: "internos de lesa humanidad mayores de 70 años", "internos comunes mayores de 70 años", "nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)", "discapacitados", "internas alojadas con hijos de hasta 10 años", "alojadas con hijos", "internas embarazadas" e "internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional".

El 31 de enero pasado, el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez, le envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos e integrado por magistrados, fiscales, organismos del Estado de derechos humanos, la nota 309 junto con los ocho listados.

La nota explicaba que en diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia le había pedido al Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano y de quien depende el SPF, que diera una solución a la situación en las cárceles.

Así, el SPF le informó a jueces, a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y al propio Ministerio de Justicia sobre el Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera electrónica) y "los internos que podrían ser incorporados a prima facie al citado Protocolo".

"Para un mejor proveer se remite el listado de internos sugeridos para dicho beneficio, discriminados de acuerdo con las características de cada caso", cerraba la nota.

Uno de los listados que recibieron los jueces eran de los represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Son 96, todos mayores de 70 años, uno de los requisitos que establece la ley para acceder a la prisión domiciliaria y que fija el Protocolo para obtener una pulsera electrónica.

Entre esos presos sugeridos están "El Tigre" Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, y condenado a prisión perpetua. Los también represores de la ESMA Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda (tío de la diputada nacional Victoria Donda), el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, también condenados a prisión perpetua.

El listado continúa con Julio "el Turco Julián" Simón, ex agente de la Policía Federal y el primer represor condenado tras la nulidad en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y Cristian Federico von Wernich, ex capellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los presos mayores de 70 años por delitos comunes con posibilidades de salir de prisión son 46. Entre ellos se encuentra Guillermo Fernández Laborda, integrante del Clan Puccio, la banda liderada por Arquímedes Puccio, que protagonizó una serie de secuestros en la década del 80. La Corte Suprema confirmó en 2015 la condena a prisión perpetua de Fernández Laborda.

Desde el gobierno de Mauricio Macri defendieron la medida. "Tenemos reuniones con jueces desde enero de 2016 para informales quiénes son los presos que están en condiciones de acceder a la pulsera electrónica. Son todos los que están en condiciones. Ese listado se va actualizando y el objetivo es descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles y lograr una mejor reinserción del detenido, porque quien tiene pulsera electrónica cuenta con un asistente social y un psicólogo que los asiste", señaló un funcionario que trabaja en el tema y que recalcó que la libertad de un detenido es "facultad del juez".

 

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