El acceso al aborto legal se sostuvo en el territorio durante 2025, pese al vaciamiento nacional
A más de cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), la política pública de acceso al aborto legal en la Argentina logró sostenerse en el territorio nacional durante 2025 y los primeros meses de 2026.
Así lo refleja el nuevo informe anual del colectivo Proyecto Mirar, titulado "El reto de sostener el aborto legal en Argentina", elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la organización Ibis Reproductive Health.
Según el relevamiento, basado en pedidos de acceso a la información pública, en 2025 se realizaron 87.603 abortos en el sector público de 20 provincias, una cifra que no muestra variaciones significativas en comparación con la medición del año previo. En ese marco, la tasa de aborto (cantidad de intervenciones por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años) se mantuvo prácticamente idéntica: 7,45 en 2025 contra 7,49 en 2023.
La mayor demanda continuó concentrada en la provincia de Buenos Aires (41.446 casos), Córdoba (9.341) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (9.458). En conjunto, estas tres jurisdicciones explicaron el 72% del total de las intervenciones informadas, lo que guarda correlación con la distribución demográfica, al albergar al 53% de la población femenina en edad fértil.
El informe pone foco en el impacto del ajuste de recursos a nivel federal. Entre 2023 y 2026, el presupuesto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación experimentó una reducción del 57%. Esta disminución en la compra de anticonceptivos redujo la cobertura de la población objetivo de más de 1,2 millones de personas en 2024 a apenas 63 mil estimadas para 2026.
Ante la decisión de la cartera sanitaria nacional de discontinuar la compra centralizada de medicamentos esenciales como la mifepristona y el misoprostol, 13 provincias asumieron la adquisición de insumos con presupuesto propio: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
"Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público en 20 provincias, similar a lo observado el año anterior, es un buen indicador", destacó Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y del CONICET. "Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio", añadió.
El informe detalla además un factor de eficiencia económica: las estimaciones señalan que cada peso invertido en anticoncepción en la Argentina genera un ahorro directo de tres pesos en atención médica, y un retorno total de hasta veinte veces el valor invertido si se consideran variables socioeducativas y laborales.
Actualmente, la red pública del país cuenta con 1.846 efectores de salud que garantizan la atención de IVE/ILE, cifra casi idéntica a la registrada en 2023 (1.862). El 70% de estos centros corresponde al primer nivel de atención.
Esta capilaridad territorial, sumada a la consulta temprana, permite que 9 de cada 10 abortos (un 90%) se realicen dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La enorme mayoría de los procedimientos se efectúa mediante tratamiento farmacológico.
Asimismo, cinco provincias —Mendoza, Neuquén, Jujuy, San Luis y recientemente la provincia de Buenos Aires— avanzaron en habilitar la prescripción de misoprostol y mifepristona por parte de profesionales de la obstetricia, fortaleciendo el primer nivel de atención en áreas rurales y semiurbanas.
En el plano institucional y judicial, la estabilidad de la Ley 27.610 se mantuvo sólida. Si bien se presentaron 75 proyectos normativos de diversa índole y se iniciaron 38 causas judiciales en su contra desde 2020, 35 de ellas fueron rechazadas definitivamente y solo 3 continúan en trámite ante la Corte Suprema de Justicia. Ninguna iniciativa legislativa tendiente a limitar la norma logró dictamen ni tratamiento en recintos provinciales o nacionales.
"Si bien no hubo cambios legislativos sustantivos, la disputa política y normativa siguió siendo intensa debido a que representantes y aliados del oficialismo impulsaron otras discusiones que afectaron la agenda de género y los derechos de las mujeres", observó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES.
En cuanto a los indicadores socio-demográficos, el reporte aborda dos tendencias clave:
Mortalidad materna: Si bien la razón general de mortalidad materna registró una suba del 37% en 2024 respecto de 2023, las muertes específicas por aborto se redujeron a la mitad en el período posterior a la sanción de la ley en comparación con el trienio previo.
Descenso de la fecundidad: En la última década se registró una caída histórica de la fecundidad en Argentina, con especial énfasis en la franja infanto-juvenil: la fecundidad descendió un 69% entre niñas de 10 a 14 años y un 70% en adolescentes de 15 a 19 años.
Al evaluar el panorama global, Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES, concluyó: “Es contundente el apoyo de la mayoría de nuestra sociedad a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, un consenso respecto a no dar marcha atrás. Los indicadores cuantitativos muestran que la cantidad de interrupciones no ha descendido, el número de establecimientos se ha mantenido y las iniciativas dirigidas a derogar la ley no han prosperado. El reto de sostener la política pública es muy alto pero muestra resultados positivos”.
Fuente: NA