Con la economía destruida, Milei avanza hacia el totalitarismo y profundiza la crueldad

Malvinas como excusa para el autoritarismo.

En el transcurso de la semana se hizo público el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que pretende establecer el gobierno de Milei. A grandes rasgos –en lo importante en cuanto a penalizaciones para aquellas empresas que operen en Malvinas- la Ley copia de las establecidas en 2010 y 2013 (siendo la segunda un refuerzo de la primera). En estos aspectos no hay nada nuevo. Pero en lo que atañe a la vigilancia, seguridad y al accionar policíaco -de las diferente fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia- sobre la ciudadanía la pretensión del gobierno de Milei es extremadamente preocupante –por los peligrosísimos riesgos que acarrearían, para todos los ciudadanos, en lo concerniente a la pérdida de libertad, patrimonio y derechos democráticos -.  En definitiva, el texto final es claramente una mucho más amplia reforma del sistema de seguridad y defensa argentino –concebido como una súper poderosa herramienta de vigilancia, control y castigo de la ciudadanía argentina-.

Todo el poder a Milei.

El Consejo de Seguridad Nacional –rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional- tendrá como presidente al Presidente de la Nación (Milei) y estará facultado para coordinar toda respuesta militar, y todas las financieras, comerciales y diplomáticas que la administración de Milei considere vinculadas al tema Malvinas –sin especificar nunca cuáles acciones, y características puntuales de las mismas, serán las categorizadas como las que conllevan perjuicios para el país-. Destaca que estarán dentro del Consejo cierto números de  funcionarios de la administración de Milei como el secretario de Inteligencia del Estado, el Secretario de Legal y Técnica, el ministro de Relaciones exteriores, el de Defensa, y también –incomprensiblemente- el de Economía. Por contrapartida no habrá dentro del Consejo ningún político, dirigente, o funcionario de los diferentes espacios políticos que conforman las cámaras legislativas -o las diferentes gobernaciones provinciales-; o sea un poder plenipotenciario para Milei y los miembros de su administración. El proyecto reúne -bajo una misma estructura- áreas pertinentes al tema (Malvinas, Defensa y política exterior, por ejemplo)  como otras muy distantes (inteligencia, economía, ciberseguridad, infraestructura crítica, control del espacio aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo). -pero que son la obsesión de Milei en aras de controlar y dominar todo-. Como quien dice, El Gran Hermano de Orwell en su total dimensión.

La ley de Seguridad de Milei, el “terrorismo”, y las “amenazas externas”.

Uno de los peligros mayores que trae incorporada la Ley de Seguridad de Milei es la conformación de nuevas figuras penales. Algunas establecen, por ejemplo,  entre cinco y 12 años de prisión para quien el Consejo de Seguridad considere que estuviera actuando por cuenta orden -o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero- desarrolle actividades destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Quedando en manos del Consejo cuáles y/o cómo serían las citadas actividades. Para tomar dimensión de los peligros reales de los que hablamos –al referirnos a aquello que el gobierno de Milei pueda definir como “amenaza externa” o “terrorismo”- basta recordar que hace poco tiempo atrás varios periodistas fueron acusados por este gobierno –mediáticamente algunos y judicialmente otros- de trabajar para los servicios de inteligencia rusos. La operación del gobierno de Milei resultó ser otra de sus tantas farsas; pero las denuncias –con amenazas de pérdida de la libertad incluida- ocasionaron grandes daños reputacionales –y algunos despidos- a los denunciados. Por supuesto ni Milei ni los demás denunciantes (comunicadores mediáticos, legisladores y operadores rentados en redes) no pagaron ningún precio por los daños ocasionados. Según la nueva pretendida ley un periodista que critique al gobierno –y este determine que dicha crítica es dañina para el país- podría ir preso por hasta 12 años. Si esto no es un gran peligro, qué otra cosa lo sería.

Los antecedentes nefastos.

Asomados al proyecto de la Ley de Soberanía Nacional –y centrándonos en el combate contra el “terrorismo”- es imposible no remitirse inmediatamente a dos antecedentes trágicos para los ciudadanos argentinos: el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) y la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Estas dos herramientas -de control, vigilancia y represión- funcionaron en Argentina durante algunos años del s. XX. El primero lo implantó –en secreto- el presidente democrático Arturo Frondizi, y funcionó desde 1958 hasta 1961 (Frondizi dejó la presidencia en 1962). Frondizi utilizó al CONINTES para habilitar a las FFAA a reprimir huelgas obreras, manifestaciones estudiantiles, y perseguir a la “resistencia peronista”.  Por su lado la DSN fue un programa diseñado por los EE.UU. para ser aplicado por las dictaduras cívico/militares en Latinoamérica durante los años 70; y en Argentina se aplicó desde 1976 hasta 1983. Ambas planificaciones dejaron en la historia varias decenas de miles de trágicas vidas destruidas a raíz de la persecución ideológica que conllevaban –en una inmensa cantidad de casos-  a la prisión, al exilio, a la tortura, a la muerte y/o a la desaparición. Señalamos con especial atención lo del plan CONINTES ya que generalmente se piensa que estos mecanismos –de control, vigilancia y represión- solo son implantados por las dictaduras militares; pues bien, quien implantó el CONINTES fue un presidente electo democráticamente (Arturo Frondizi ) como Bukele en El Salvador, u Ortega en Nicaragua–por citar solo dos ejemplos (uno de derecha y otro de izquierda)-. Como se ve, en varios países del mundo ya no se recurre a las FFAA para implantar los mecanismos “legalizados” de control, vigilancia y represión; y de esto han tomado cuenta Milei y sus funcionarios; y hoy pretenden –con el falso motivo de defender Malvinas- avanzar hacia un modelo totalitario extorsionando con que  todo aquel que se oponga será señalado como traidor a los intereses nacionales. El cinismo de quienes tienen en su escritorio una foto de Margaret Thatcher (Javier Milei), o han querido entregar las Malvinas a cambio de vacunas (Patricia Bullrich) por momentos es –estomacalmente- insoportable.

Apostillas de cierre. Presupuesto del horror (recortes a niños y discapacitados). Bullrich, los Milei y “Toto” Caputo (Total interferencia). Inocencia Fiscal II (Rescatando al soldado Adorni).

El presupuesto para el 2027 que elaboró el ministro “Toto” Caputo incluye medidas tan crueles que ni siquiera muchos de los dirigentes políticos mileístas las pueden acompañar. Destacan, por lo espantosas, -y entre muchas otras atrocidades-, la anulación completa de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el congelamiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La primera de las citadas medidas presentes en el presupuesto ha sido rechazada hasta por acérrimos militantes de la crueldad mileísta -como los senadores Luis Juez y Patricia Bullrich-. Justamente la jefa del bloque de senadores de LLA (Bullrich) ha expresado públicamente que ni a ella la habían notificado sobre este recorte –me toman de tonta, declaró-. Como consecuencia salió entre jueves y viernes a mostrarse con un discurso y una actitud confortativa contra Milei y “Toto” Caputo, incluyendo un videíto musicalizado con una canción de –la odiada por Milei- Lali Espósito. Según rumores y especulaciones las espantosas medidas habrían sido incluidas en el presupuesto por Caputo como acción rencorosa -contra el presidente Milei- al no encontrar respuestas favorables para ninguna de sus iniciativas para reactivar la economía; esto porque sabe –Caputo- que las medidas en discapacidad y AUH acarrean un alto costo político para su patrón –Milei-. El saber popular aconseja –para evitar indigestiones- el tratar bien a quien te cocina la comida (y a quien  te la sirve). Quizás podría agregarse que a un presidente no le convendría tratar mal a quien le elabora el presupuesto. Por último señalaremos que durante la semana fue aprobada la ley de Inocencia Fiscal II –que incluye modificaciones a la primera que seguramente servirán para librarar de culpa y cargo al matrimonio Adorni (a los dos, o a uno de ellos –que no es lo mismo, pero es igual-). Así, mientras se intenta avanzar en la quita de las mínimas asistencias a las personas más vulnerables –y vulneradas- , por otro lado salen leyes que favorecen a evasores y delincuentes de “guante blanco”. ¿Será que salen estas leyes por aquello de que “para esconder un elefante hay que llenar todo el espacio con muchos elefantes”? Quizás el truco también sirva en lo referente a evasores y al tipo de delincuentes detallados.