Detienen a un hombre por una agresión a una mujer trans: lo acusan de odio a la identidad de género
Este miércoles, el fiscal Nicolás Torres ordenó la detención de un hombre de 65 años que agredió a una mujer trans en la sala de espera de un centro de salud de Río Tercero.
El ataque quedó filmado y circuló en redes sociales. Una semana después, la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de dicha localidad imputó al agresor por lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género. También pidió que se reserve el nombre de la denunciante, para garantizar su seguridad.
La figura penal que presenta las ofensivas contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, y queer (LGBTIQ+) como un tipo de violencia particular, motivada por la discriminación, va adquiriendo relevancia en la provincia en medio de un reclamo sostenido.
El antecedente más cercano es el enfoque que tomó la investigación del crimen de Vica Monteros. Luego de su asesinato, el fiscal Guillermo González amplió la acusación contra Maximiliano Sallito por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, incorporándosele el odio a la orientación sexual, hurto y daño.
La incorporación de la perspectiva de género es, según las organizaciones de diversidades, una deuda histórica por parte del Poder Judicial y una herramienta indispensable para garantizar el acceso a la Justicia.
El hecho
El jueves pasado, la víctima se encontraba en el Centro Pediátrico de Río Tercero cuando el imputado se acercó y le arrojó una piedra que impactó contra sus costillas.
La investigación judicial reconstruyó que en la calle, el agresor vociferó "reiteradamente expresiones discriminatorias dirigidas contra la damnificada en razón de su identidad de género".
El Ministro Público Fiscal detalló que la causa "reunió un cuadro probatorio que comprende la declaración de la damnificada, el testimonio de una testigo presencial, la constatación practicada por personal de la Patrulla Preventiva que acudió al lugar, el certificado médico homologado y los registros fílmicos de tres cámaras de seguridad del establecimiento, aportados por el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Río Tercero, que permitieron verificar la mecánica del suceso e individualizar al imputado".
Asimismo, el fiscal Torres expuso que la detención fue dispuesta en los términos de los artículos 272 y 281 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, "sobre la base del riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación".
Una ley para prevenir
Días atrás, la Organización de la Marcha del Orgullo de la ciudad de Córdoba, manifestó que la agresión "vuelve a poner en evidencia la urgencia de contar con una Ley Antidiscriminatoria que prevenga, sancione y erradique la violencia".
En ese marco, destacó que el acusado tenía "intenciones de matarla" y "está viva porque el piedrazo no le dio en la cabeza".
Y alertó: "No podemos depender de la suerte para sobrevivir a la violencia".
La deuda sigue
Si bien hay algunos avances en el tratamiento judicial de los crímenes de odio, aún quedan deudas pendientes.
La investigación por el crimen de Jessica Núñez, es una de ellas. La mujer trans de 44 años, fue asesinada en agosto barrio La Floresta de Villa Nueva y el enfoque que adquirió la causa provocó una fuerte reacción de colectivos de la diversidad.
Por el hecho fueron detenidos Cristian Oscar Rogero, de 48 años, y su hija Johana Mailén Rogero, de 22, acusados de "homicidio simple".
Los reclamos estallaron cuando la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, expresó que "los agresores y la víctima tenían conflictos preexistentes no relacionados con violencia de género".
La Organización de la Marcha del Orgullo de esa localidad, exigió que no se descarte desde el inicio la posibilidad de que su identidad de género haya sido un factor determinante.
"Exigimos a la Justicia y al Estado, en todos sus niveles, que este caso sea investigado con perspectiva de género y de diversidad, que se identifique y sancione a los responsables, y que se garantice justicia y reparación integral para su familia, amistades y comunidad", indicaron desde el espacio.
Otro caso que fue denunciado públicamente es la sentencia contra Max Caviglione y Lulén Watts. La pareja de chico trans que fue condenada a 13 años y seis meses de prisión por la agresión a William Watts, padre adoptivo de Lulén.
Tras la lectura del veredicto, la abogada defensora, Rocío García Garro, confirmó a LNM que interpondrá un recurso de casación, cuestionando la cantidad de años, el agravante que se le sumó a los jóvenes durante el juicio y la ausencia de la perspectiva de género.
Según la defensa de los jóvenes, el tribunal no contemplo que Watts discriminó sistemáticamente a Lulén por su identidad de género, provocándole graves daños en su salud mental.
Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).
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