Delia: la Provincia niega ser responsable de la desaparición que ocurrió en horario escolar
Pasaron casi ocho años desde la desaparición de Delia Gerónimo Polijo y su familia sigue reclamando el avance de la causa penal y respuestas en cuanto al accionar del Estado provincial. El juez Facundo Daniel Gil, a cargo de la Cámara Civil de Villa Dolores, postergó por 60 días un fallo que determinará la responsabilidad de la Provincia.
La niña tenía 14 años cuando salió de la escuela de La Paz, un pueblo del Valle de Traslasierra, antes del horario habitual, autorizada por sus directivos. Lo último que se supo de ella es que estaba de camino a su casa, un trayecto de cuatro kilómetros.
La madre y el padre de Delia, Mario Gerónimo Jara y Modesta Polijo Rodríguez, sostienen que la institución educativa no les aviso que los estudiantes se retirarían a esa hora y eso provocó que no se presentarán a buscarla.
En ese marco, decidieron demandar al Gobierno de Córdoba, argumentando que el IPEM 137 permitió que la chica se retirara sola del establecimiento, dejándola desprotegida en una zona rural, según difundió en un comunicado La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra.
Mientras tanto, no hay novedades en el expediente que debería establecer qué le pasó a la niña que ahora tiene o tendría 22 años. Su búsqueda sigue activa en el Sistema Federal Sifebu y sus allegados se movilizan cada año, exigiendo avances en la investigación.
La demanda
La causa civil comenzó en 2021 y en mayo de 2025 la jueza Sandra Elizabeth Cuneo hizo lugar parcialmente al planteo. La magistrada condenó a la Provincia a pagar $14 millones en resarcimiento por la responsabilidad de esta desaparición, pero negó daño psicológico en sus padres por lo que descartó la petición civil de $5 millones para cada progenitor.
La familia de Delia, junto al abogado Germán Romero Marcón, apeló la decisión, señalando que el monto era ínfimo.
En paralelo, el Procurador del Tesoro de la provincia de Córdoba, Mariano Armando Andruet, rechazó de lleno la demanda. El Estado sostiene que la desaparición fue un "hecho de un tercero" imprevisible y que ocurrió "fuera del ámbito de control del colegio".
El tribunal tiene un plazo de 60 días para pronunciarse sobre la adecuación de los montos resarcitorios a valores actuales y sobre la naturaleza jurídica de los daños reclamados.