Una joven con discapacidad exige al TSJ que falle en favor de los apoyos que necesita para su vida plena
La joven altagraciense Irene Cuevas, de 22 años, quien tiene una discapacidad motriz severa desde que nació y en la actualidad estudia Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), espera que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se expida en su favor en un conflicto judicial que mantiene con la obra social Apross y el Gobierno de la Provincia, por la provisión de una silla de ruedas acorde a la evolución de su condición y prestaciones que le permitan desarrollar su vida plena.
Precisan las abogadas Paula Gastaldi y Magalí Montes, que patrocinan a la joven y su familia, que el máximo tribunal debe resolver los recursos de casación presentados por la obra social provincial y el Ministerio de Desarrollo Social, ante las demandas de la joven.
A través de un sistema tecnológico y con los apoyos necesarios (que ante los incumplimientos y las dilaciones de la obra social y la Provincia, son prestados por su misma madre), Irene Cuevas ha egresado de la escuela primaria y secundaria y en la actualidad estudia en la UNC. Para sostener esta evolución, precisamente, necesita una red permanente de apoyos: dispositivos tecnológicos, silla de ruedas adecuada, elementos de rehabilitación, asistencia terapéutica y socioeducativa, enfermería nocturna, transporte, apoyos para su vida universitaria y una articulación estatal que no la obligue a judicializar cada necesidad.
Detallan las abogadas que en septiembre de 2025, el juez de primera instancia dictó el Auto Nº 86, una resolución que reconoció la urgencia del caso y ordenó medidas concretas al Apross y al Gobierno de la Provincia respecto de las prestaciones demandadas y para ello reconstruyó la situación actual de Irene, escuchó sus necesidades y advirtió que el paso del tiempo modificó sus requerimientos vitales, educativos y tecnológicos.
Entre otras medidas, el fallo dispuso un plan de simplificación burocrática, canales directos de comunicación, cobertura integral de prestaciones, regularización de pagos adeudados, entrega de equipamiento y un subsidio mensual que debe el Ministerio de Desarrollo para que Irene pueda cursar la carrera universitaria.
“La resolución también remarcó que la vida de Irene no puede quedar atrapada en trámites administrativos que, por su complejidad o demora, terminan funcionando como barreras de acceso. El propio fallo sostuvo que el caso exige respuestas estatales especiales, porque no se trata sólo de una cobertura médica: se trata de garantizar condiciones concretas para que Irene pueda vivir con dignidad, estudiar, comunicarse y sostener un proyecto de vida propio”, remarcaron las abogadas.
Sin embargo, Apross y el Ministerio apelaron la medida con recursos que las abogadas solicitan que sean declarados inadmisibles, entendiendo que no presentan ni un solo argumento nuevo y que “lo que genera esta situación es una dependencia estructural del sistema de Justicia”.
“Irene tiene derechos reconocidos, tiene sentencias favorables, tiene una medida cautelar internacional, pero aun así debe volver una y otra vez al expediente para pedir que se cumpla lo que ya fue ordenado”, expresó enfática Paula Gastaldi y subrayó con preocupación que “esa dependencia judicial también produce dependencia familiar”, ya que obliga a su madre y su entorno a afrontar gastos imposibles; o, cuando eso no se puede, a cubrir personalmente los apoyos que el Estado no garantiza: “Incluso acompañándola en la universidad para que pueda seguir estudiando”.
Gastaldi subrayó que estas dilaciones e incumplimientos, sostenidos en el tiempo, impactan directamente en la calidad de vida de Irene Cuevas, que por las características de su condición, desde su nacimiento necesita “apoyos continuos y actualizados, porque sus necesidades no son las mismas que cuando era niña”.
Cabe mencionar que el caso también cuenta con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dictada en 2016, que ordenó al Estado argentino a adoptar medidas para preservar la vida y la integridad personal de Irene Cuevas y garantizarle el acceso a los apoyos especiales indicados por profesionales.
Irene Cuevas es también poeta, artista, militante feminista y activista por los derechos de personas con discapacidad, en el marco de diversas organizaciones. En 2025 publicó “Entonces soñé”, un libro de potentes poemas que fue editado por Chirimbote y que recientemente presentó en la ciudad de Buenos Aires.
“La espera no es abstracta”, concluye con preocupación Paula Gastaldi y advierte que en el caso de Irene Cuevas “cada demora impacta en su cuerpo, en su comunicación, en su educación, en su madre, en su familia y en su vida diaria”.
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